No habrá marcha atrás en la liquidación por 380 mil pesos que se asignaron los cinco ex magistrados del Tribunal Electoral del Distrito Federal (TEDF), ya que tiene sustento legal, pero se respetarán las decisiones que tomen los diputados de la Asamblea Legislativa respecto al tema.

Así lo aseguró la magistrada María del Carmen Carreón, quien remarcó en entrevista que ellos sólo aplicaron la reforma que avalaron los legisladores locales el pasado 28 de junio y que quedó plasmada en el artículo sexto transitorio del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del DF.

La impartidora de justicia electoral, quien formaba parte del anterior pleno del TEDF, y que repetirá en el cargo por tres años, dijo que los magistrados no pidieron a los diputados incluir esa liquidación; fueron ellos quienes así lo establecieron.

En la ALDF, en la Comisión de Asuntos Político Electorales, su presidente, Héctor Hugo Hernández, consideró justo dicho pago, no así su secretario, Alejandro Robles –ambos del PRD– quien lo calificó de una especie de saqueo.

En tanto, el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la ciudad de México, el también perredista Eduardo Santillán, dijo que el transitorio no se puso para autorizar pagos extraordinarios más allá de los legalmente establecidos.

Sostuvo que el hecho de que el acuerdo fue votado en contra por dos magistrados y que los consejeros del Instituto Electoral del DF, que dejaron sus cargos en forma anticipada (fueron nombrados por la ALDF en diciembre de 2012 para un periodo de siete años) no se adjudicaron dicha liquidación, hacen evidente que no había justificación para ella.

Según el referido acuerdo para tener suficiencia presupuestal y otorgarse la liquidación, los magistrados ordenaron a la Secretaría Administrativa trasladar los recursos disponibles del presupuesto de este año, así como rendimientos financieros y otros ingresos, un total de 2 millones 900 mil pesos a la partida de Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos.

Santillán dijo que los magistrados se asumen como trabajadores al pedir el pago de una liquidación –sin haber despido injustificado, sino conclusión del encargo por ministerio de ley–, pero también como patrones para decidir los términos de ésta.