Buenos Aires, 7 de octubre.

Los ex generales Reynaldo Benito Bignone, último presidente (1982-1983) de la pasada dictadura militar en Argentina, y Santiago Omar Riveros fueron condenados a 23 años de prisión y a cadena perpetua, respectivamente, por el Tribunal Oral de San Martín por los secuestros y desaparición de 33 obreros de por lo menos cuatro empresas.

Asimismo, se dictaron cuatro condenas de nueve y 17 años de prisión, pero la absolución de tres hombres de la Prefectura Marítima fue duramente criticada por los familiares de las víctimas, que esperaron años por la justicia.

Los obreros pertenecían a los astilleros Mestrina y Astarsa y a dos empresas de cerámica Lozadur y Cattáneo. Este juicio es parte de la llamada Megacausa de Campo de Mayo. En el caso de Rivero, ya condenado en otros juicios, fue encontrado culpable de 14 allanamientos ilegales, 33 secuestros y tortura, tres homicidios y cinco robos agravados.

Bignone, que recibe su sexta condena por crímenes de lesa humanidad, fue responsabilizado de 13 secuestros y torturas, nueve allanamientos ilegales y cinco casos de robos agravados. Ninguno de ellos habló cuando se les dio la palabra.

En cambio, el prefecto Juan Carlos Gerardi, que fue condenado a nueve años de prisión, dijo con voz entrecortada que se había limitado a cumplir funciones específicas durante la lucha contra la subversión, y que su papel había sido hacer inteligencia. Además de agradecer al tribunal, ofreció disculpas a las familias de los desaparecidos.

Los otros tres prefectos que fueron absueltos también habían pedido perdón a los familiares.

La importancia de esta causa es que además reveló la oscura relación cívico-militar, entre distintos directorios empresariales con la dictadura que tuvieron responsabilidad directa en la desaparición de obreros y delegados.

Las corporaciones fueron las verdaderas autoras del genocidio y del terrorismo de Estado, que se asentó bajo un modelo económico, afirmaron los querellantes encabezados por Pablo LLonto y Ciro Annicchiarico, de la Secretaría de Derechos Humanos.

En tanto, la defensa de Clemente Hurban, el humilde peón que con su esposa Juana María Rodríguez crió a Ignacio Guido Montoya Carlotto, quien recuperó la identidad en agosto pasado, recusó a la juez María Servino de Cubría por prejuzgamiento.

Pero también porque aún no ha sido resuelta la competencia jurisdiccional de la causa, si es esta capital o La Plata, en la provincia de Buenos Aires, situación que en estos días resolverá la Cámara Federal porteña.

Ignacio Guido, nieto de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, recuperado después de 35 años de búsqueda, fue inscrito, de acuerdo con las investigaciones, por Francisco Aguilar, dueño del campo donde trabajaban como peones Clemente Hurban y su esposa, a los que luego entregó el niño. Contó con un médico amigo y la dirección del presunto parto corresponde a una de casa que tenía el propio Aguilar en la ciudad de Olavarría.

En general, dadas las condiciones de aislamiento de Clemente, se piensa que difícilmente haya sabido de dónde llegó el niño que su patrón le entregó.

En tanto, Olavarría, donde vivió Guido, está convulsionada por los juicios que se llevan a cabo en el lugar, donde hasta ahora todo parecía encubierto con una enorme complicidad civil. La población se ha despertado a una historia que está conmoviendo a toda esa zona. Uno de los lugares usados por los militares de los cuarteles en Olavarría es Monte Peloni, un centro de detención clandestino, donde han comenzado a aparecer todos los horrores.