El Senado acordó crear un grupo plural que coadyuve en las investigaciones de la desaparición y asesinato de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, luego de casi cinco horas de debate, en el que la mayoría de los perredistas exigieron que tanto el gobierno federal como el de Guerrero asuman su responsabilidad.

Hay que ser autocríticos, señaló el senador Alejandro Encinas, y advirtió que se debe sancionar a las autoridades de todos los niveles, que por omisión o complicidad con la delincuencia organizada son también culpables de la tortura y ejecución de los normalistas.

Sostuvo que se ha regresado en Guerrero y en el país a la peor época de la guerra sucia de los años setenta, por lo que el Senado debe exigir el pleno esclarecimiento de esos actos de terror y de barbarie, por lo que no caben las ambigüedades.

El Senado, dijo, debe ir más allá de ofrecer condolencias a los deudos.

Encinas precisó que también los partidos políticos son responsables, porque, con tal de conseguir votos y financiamiento, eligen candidatos a puestos de elección popular que provienen del crimen organizado.

La senadora Dolores Padierna, vicecoordinadora de la bancada del PRD, resaltó que la desaparición y probable asesinato de 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa es un hecho doloroso, indignante e inaceptable, que pudo evitarse si las autoridades hubieran actuado con responsabilidad en la solución de casos denunciados con anterioridad y que quedaron impunes.

Resaltó que los vínculos del alcalde con licencia de Iguala, José Luis Abarca, con la delincuencia organizada y su actuación directa en otros crímenes ominosos fueron documentados y denunciados en 2013, e incluso el Senado exhortó dos veces a la Procuraduría General de la República (PGR) para que atrajera los casos, pero no hizo nada.

Los senadores del PAN, que un día antes habían anunciado que pedirían la desaparición de poderes en Guerrero y la renuncia del gobernador Ángel Aguirre, nada de ello plantearon ayer, y lo que hicieron fue lanzarse contra la estrategia de seguridad de Enrique Peña Nieto, lo que motivó la respuesta inmediata de los legisladores del PRI, en defensa del Ejecutivo federal.

De entrada, la senadora panista Luisa María Calderón advirtió que la ola de violencia en Guerrero y el caso de los normalistas no es una situación aislada, sino muestra la falta de una estrategia clara de autoridades federales y locales para hacer frente al crimen organizado.

El también panista Francisco García Cabeza de Vaca insistió en que el grado de penetración del crimen organizado es alarmante en todo el país, por lo que el gobierno federal debe de manera urgente empezar a dar resultados en materia de seguridad pública. Dos años es suficiente.

La priísta Graciela Ortiz respondió: No se puede resolver en dos años el desastre de país que se construyó en 12 años.

Al final, legisladores de PRI y PAN optaron por un acuerdo que crea un grupo de trabajo plural de coadyuvancia.