El pleno de la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa de reforma a las leyes General del Sistema de Seguridad Pública y de la Policía Federal, a fin de dotarlos con protocolos de actuación para las corporaciones policiacas con irrestricto respeto, protección y garantía a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales.

El documento implica el compromiso de las instituciones de seguridad pública de proteger y garantizar los derechos humanos, sumándose a 11 tratados internacionales en la materia, entre ellos la Carta de la Organización de los Estados Americanos, la Carta de las Naciones Unidas, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica y la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados del 23 de mayo de 1969.

Con fundamento en éstos y en las leyes mexicanas, las instituciones de seguridad pública deben proceder desde la perspectiva del respeto y la garantía de los derechos humanos, por un lado, las obligaciones de respeto y, por otro, las vinculadas a la adopción de medidas de prevención.

No obstante, los legisladores aceptaron que a pesar del progreso legislativo gradual en materia de derechos humanos, es necesario que la Policía Federal y demás instituciones encargadas de brindar seguridad pública actúen con estricto apego a la legalidad. Con todo y los esfuerzos que han realizado las distintas corporaciones a fin de erradicar este problema, aún encontramos quienes continúan actuando con violación sistemática a los derechos humanos.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf, del Partido del Trabajo, adujo que en junio de 2011 se modificó la Constitución para establecer de manera expresa el goce de todo ciudadano de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano.

Bastaría con la simple disposición constitucional y lo dispuesto en los instrumentos internacionales para que toda autoridad respetara la jerarquía normativa de la Constitución y de los tratados, con base en el artículo 1 constitucional y al artículo 133 de la propia Constitución.

También la panista Oswelia Yáñez consideró necesario actualizar el marco normativo para lograr así su debida armonización en materia de derechos humanos y de la operación del sistema policial y penitenciario federal, logrando así mejor desempeño de las instituciones de seguridad pública correspondiente a una nación democrática.