Casi 60 por ciento de las personas incluidas en el mecanismo de protección para defensores de derechos humanos y periodistas pertenecen a este segundo grupo. Hasta hace algunos meses, la relación era a la inversa, pero hoy en día poco más de 160 comunicadores están en situación de alto riesgo.

En este momento, 56 por ciento de los casos son de periodistas y el resto de defensores, dijo Édgar Cortez, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, integrante del consejo consultivo del mecanismo.

El más reciente informe del mecanismo indica que desde su constitución en 2012 a septiembre pasado había recibido 203 solicitudes de protección, de las cuales fueron rechazadas 41 y 162 admitidas. Éstas incluyen, en conjunto, a 279 personas consideradas en situación de riesgo.

Casi 90 solicitudes sin resolver: ONG

Este año organizaciones civiles denunciaron un rezago de casi 90 solicitudes no analizadas o sin resolver, pero según Cortez, a finales de este mes se concluirán los pendientes. Sin embargo, el mecanismo no tendrá mayor presupuesto el año entrante, sino una ligera baja al pasar de 134 a 129 millones de pesos, según el proyecto prespuestal 2015.

Persisten dos retos: reforzar la estructura del personal responsable de la evaluación de casos y la agilidad para aplicar los recursos procedentes del fideicomiso del mecanismo, agregó el investigador.

Una empresa privada de seguridad es la responsable de aplicar las medidas de apoyo, las cuales básicamente son la dotación de un aparato especial de comunicación (denominado botón de pánico), custodia personal con vehículo y reforzamiento de protección en la oficina y/o domicilio.

Ahora estamos presionando para que la empresa se ponga al día y el rezago no se vaya ahora a la aplicación de las medidas de emergencia. También estamos alertando porque (en las procuradurías) no se están llevando a cabo con rapidez las investigaciones para dar con los responsables de las agresiones, dijo Cortez.

La principal fuente de riesgo para defensores y periodistas son las amenazas por teléfono y las agresiones directas. Ayer fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la convocatoria para renovar dos espacios en el consejo consultivo de este mecanismo.