Monterrey, NL, 8 de octubre.

El reportero Julio César Dávila fue detenido luego que tomó fotografías de vehículos de la Procuraduría General de Justicia del Estado mal estacionados, y ahora se encuentra bajo arraigo por 20 días, acusado de ser informante del crimen organizado, informó su familia.

Carlos Dávila y Érika Armida, hermano y esposa del detenido, encabezaron este miércoles una protesta ante el palacio municipal de Monterrey y lograron que el ayuntamiento, encabezado por la alcaldesa capitalina, Margarita Arellanes, acudiera a la casa del arraigo ubicada en el barrio antiguo para solicitar informes sobre la situación del comunicador.

Arellanes condenó la actuación de las autoridades estatales y ofreció apoyo jurídico a los familiares de Dávila, quien tiene 44 años de edad y 20 de trabajo periodístico.

De acuerdo con Carlos Dávila, a Julio lo privaron de su libertad el lunes al mediodía luego de tomar fotografías de unas camionetas mal estacionadas. Lo detuvieron a pesar de que se identificó como periodista y lo llevaron a las oficinas de (la policía ministerial en la avenida) Gonzalitos y no le permitieron avisar a nadie.

No alcanzaría fianza

La familia se dio cuenta de que estaba en la casa del arraigo ayer (martes) a las 10, luego que buscamos en hospitales y en el Servicio Médico Forense, y levantamos una denuncia por desaparición el lunes, acotó.

“Nos atendió el agente del Ministerio Público Ricardo Garza y nos dijo que está acusado de halconeo, delito grave que no permite fianza”, indicó.

El artículo 192 del Código Penal de Nuevo León estipula: “Se impondrá pena de dos a 15 años de prisión y multa de 200 a 400 cuotas (días de salario mínimo) a quien aceche, vigile o realice actos tendientes a obtener información sobre la ubicación, las actividades, los operativos o, en general, las labores de seguridad pública, de persecución o sanción del delito o la ejecución de penas”.

El hermano del periodista dijo que el lunes sólo pudieron hablar cinco minutos antes de que el segundo rindiera su declaración preparatoria y el defensor de oficio le recomendó acogerse al artículo 20 constitucional, para no inculparse.

El Congreso local acordó formar una comisión especial que se reunirá con el procurador Adrián Emilio de la Garza.