uando el gobierno de la ciudad de México decidió cerrar 11 estaciones de la línea 12 del Metro por la presencia de desgastes ondulatorios provocados por la incompatibilidad entre la vía y los trenes, informó que el costo total de las reparaciones sería de 496 millones de pesos. En ese momento el GDF se comprometió a reabrir la línea completa en seis meses, los que se cumplieron el 11 de septiembre pasado. Poco antes había aumentado la tarifa argumentando que los ingresos adicionales servirían para expandir la red y ofrecer un servicio de calidad.
En un artículo anterior (10/4/14) estimé los costos sociales del cierre de la línea 12 que, sumados al costo estimado de las reparaciones, alcanzaban la cifra de mil cien millones de pesos. El supuesto con el que se hizo este cálculo era que efectivamente la línea 12 se reabriría en seis meses. Eso no solamente no ocurrió, sino que el GDF informó hace unas semanas que el cierre se mantendría hasta noviembre de 2015, aunque se abrirían dos estaciones en mayo y tres más en julio. Se informó que, además, la rehabilitación de la línea costaría más de 500 millones de pesos
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En ese cálculo estimamos que el costo social diario era de 4.7 millones de pesos, lo que implicaba un costo social semanal de 23.5 millones. Hasta diciembre de este 2014, el cierre habrá durado 35 semanas de actividades normales lo que implica costos sociales equivalentes a 822.5 millones. Aceptando que en mayo próximo se abrirían dos estaciones, en las primeras 17 semanas del año próximo se mantendría la afectación total a los usuarios lo que generaría costos sociales por 5.6 millones diarios, calculados con un salario mínimo de $80 tal como lo ha propuesto el propio GDF.
De esta manera, hasta abril de 2015 el costo social sería de 917.7 millones. Descontando las estaciones que se abrirán en mayo y julio y suponiendo que las seis restantes se abrieran el 1 de noviembre, los costos totales sumarían 969.1 millones. Consecuentemente, calculados conservadoramente los costos totales del cierre de la línea 12 serán cercanos a los mil 500 millones de pesos, de los cuales las dos terceras partes las pagarán los usuarios del Metro. Por supuesto, también ha habido costo para no usuarios del Metro afectados por el cierre de la línea 12, que no se calculan aquí pero pueden estimarse fácilmente.
Cualquier gobierno tendría que asumir la responsabilidad de estos costos y buscar resarcirlos a los usuarios de alguna manera. Más aún un gobierno que ha hecho del subsidio al usuario del Metro un asunto definitorio de su política social.
El asunto, sin embargo, no queda allí. El Metro de la ciudad de México, que transporta a 5.5 millones de pasajeros diarios, la mayor parte de ellos de escasos recursos, es según el Jefe de Gobierno obsoleto. Su obsolescencia era perfectamente evitable si se hubiesen hecho las inversiones necesarias para mantener los equipos en buen estado y para sustituir aquellos que llegaran al fin de su vida útil. Es evidente que esto no se hizo. Lo grave es que en los últimos 18 años esta ciudad ha sido gobernada por el PRD, de modo que en esta materia no se pude alegar falta de continuidad.
Lo que ha sucedido con el Metro es resultado de decisiones políticas expresadas en asignaciones presupuestales, lo que involucra a quienes han gobernado y también a los grupos del PRD que han controlado la Asamblea Legislativa. De modo que hay responsabilidades claras que no pueden soslayarse. Quienes han dirigido al Metro desde la llegada de Cuauhtémoc Cárdenas al gobierno de esta ciudad han estado perfectamente enterados de las implicaciones de las restricciones presupuestales al Metro sobre el funcionamiento del mayor sistema de transporte urbano del país y uno de los diez más grandes del mundo. A los que no alertaron al GDF y a la Asamblea Legislativa sobre las graves consecuencias de estas decisiones les cabe una enorme responsabilidad.
