os diputados oficialistas de Rusia Unida, la bancada mayoritaria de la Duma, aprobaron esta semana, en primera instancia y con los votos en contra de las demás fracciones parlamentarias, un proyecto de enmiendas de ley que pretende compensar a los más ricos con el dinero de los más pobres, decisión que –sobre todo en el contexto actual, con los precios subiendo más rápido de lo que sigue cayendo el devaluado rublo– denota insensibilidad política.

La propuesta inicial consiste en reponer, con fondos del presupuesto federal, el valor de las propiedades en el extranjero embargadas a ciudadanos rusos –léase multimillonarios, funcionarios públicos y diputados– mediante resoluciones judiciales ilegales, como aquí se entienden las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea.

Que las sanciones sean una aberración no debería justificar que se trate de minimizar los efectos de una ley que el líder comunista, Gennadi Ziuganov, calificó de cínica y amoral y que rechazó hasta el ministro de Desarrollo Económico, Aleksei Uliukayev, quien señaló que de promulgarse en los términos aprobados sería una suerte de seguro a los activos en el exterior y estimularía aún más la fuga de capitales.

Según cifras oficiales del Banco Central, el año pasado las transferencias de particulares a bancos extranjeros ascendieron a casi 40 mil millones de dólares y, en los últimos cinco años, los rusos han adquirido en otros países bienes raíces por más de 7 mil 500 millones de dólares.

Las enmiendas se adoptaron el mismo día que se supo que el gobierno de Italia embargó tres casas en la costa y un hotel de lujo en el centro de Roma, valorados en 30 millones de euros, pertenecientes a Arkadi Rotenberg, amigo de toda la vida del presidente Vladimir Putin y ahora uno de los empresarios más prósperos de Rusia, con un fortuna personal que le permite figurar en la lista de multimillonarios de la revista Forbes.

Y aunque Rotenberg declaró que nada tuvo que ver con la aprobación de esa ley y que no piensa solicitar ni un centavo de compensación del presupuesto federal, el malestar entre la población obligó a los funcionarios del partido oficialista a dar explicaciones que, por su torpeza, sólo causaron mayor indignación.

Se llegó a decir, por ejemplo, que la ley en realidad busca proteger a los habitantes de Crimea, ya que las cortes de Ucrania están fallando masivamente contra sus propiedades, aunque ninguno de los promotores de la ley ha considerado necesario aclarar de qué modo los ucranios podrían hacer cumplir esas resoluciones si Crimea es territorio ruso.

Para calmar los ánimos en la sociedad, y tomar en cuenta las sugerencias de los otros legisladores, los diputados de Rusia Unida optaron por agotar el plazo máximo de un mes para debatir la ley en segunda instancia y todo indica que, cuando culmine el procedimiento parlamentario y se someta a la firma de Putin, poco quedará del servil planteamiento original.