Amnistía Internacional (AI) advirtió que aunque el presidente Enrique Peña Nieto se comprometió a ir a profundidad en las investigaciones sobre los asesinatos y desapariciones cometidos contra los estudiantes de Ayotzinapa, los familiares de las víctimas siguen padeciendo una indagatoria judicial caótica y hostil, al tiempo que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamaron a hacer una búsqueda eficiente y seria.

Mediante un comunicado, AI recordó que las autoridades anunciaron el hallazgo de cuatro nuevas fosas clandestinas con restos humanos, pero aún no se ha visto que los peritos internacionales reconocidos por los propios familiares de los desaparecidos hayan podido acceder a esa zona para realizar su trabajo.

“Si el gobierno federal es serio en sus promesas de una investigación ‘a profundidad’, medidas básicas como esta deberían estar garantizadas desde el primer momento”, señaló Perseo Quiroz, director ejecutivo en México de la organización de derechos humanos.

Exhumaciones deficientes

El trabajo realizado por agentes del Ministerio Público estatal sobre las exhumaciones de los restos hallados en las seis fosas descubiertas, recalcó Amnistía Internacional, presentaría deficiencias, lo cual dificultará las pruebas de identificación.

Es esencial que los peritos internacionales tengan acceso inmediato e irrestricto a todas las investigaciones forenses que se estén llevando a cabo en conexión con estos hechos, pues esa es la única forma en que los familiares y la sociedad tengan confianza en los procesos forenses, añadió Quiroz.

Familiares de estudiantes desaparecidos le hicieron llegar sus testimonios a Amnistía Internacional sobre la falta de sensibilidad, cortesía y respeto que les dispensaron agentes del Ministerio Público estatal encargados de llevar adelante la investigación del caso, lo cual desalienta a las familias para seguir adelante en su justo reclamo de búsqueda inmediata y justicia, manifestó el activista.

Por su parte, un grupo de expertos de derechos humanos de la ONU subrayó que la investigación de los ataques cometidos contra los normalistas “representa una prueba crucial para la voluntad y capacidad del Estado mexicano de lidiar con graves violaciones a los derechos humanos.

Lo ocurrido en Guerrero es absolutamente censurable e inaceptable. No es tolerable que hechos de estas características ocurran, y menos en un estado de derecho, recalcaron los analistas, entre quienes figuran Christof Heyns, relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, y Juan E. Méndez, relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

En el mismo tenor, la CIDH instó al gobierno mexicano a investigar de manera pronta, diligente e imparcial el homicidio y desaparición de los normalistas.

La investigación debe esclarecer las causas que condujeron a estos graves hechos de violencia, identificar y sancionar a los autores materiales e intelectuales, así como satisfacer las expectativas de justicia de las víctimas y sus familiares, señaló en un comunicado.