La frágil comunicación que estableció la Secretaría de Gobernación con los padres de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos el pasado 26 de septiembre, luego del hallazgo de las primeras fosas clandestinas cerca de Iguala, Guerrero, se deterioró en los días posteriores por la insensibilidad e incluso maltrato que recibieron las víctimas por parte de las autoridades del estado.

La relación se rompió definitivamente el jueves, cuando padres y madres que esperan indicios del paradero de sus muchachos se enteraron por la televisión de que habían encontrado cuatro fosas más con restos humanos. Nadie, ni los enlaces de Gobernación ni el procurador de Guerrero, Iñaki Blanco, tuvieron el tacto mínimo para acudir directamente a Tixtla, a unos minutos de distancia de Chilpancingo, para informarles personalmente. Ni siquiera una llamada telefónica de Bucareli.

Abel Barrera, dirigente del Centro de Derechos Humanos La Montaña Tachinollan, la ONG que no se ha separado del colectivo de familiares de los jóvenes detenidos por policías municipales de Iguala y luego desaparecidos, cuenta que, entre sollozos, las mamás miraban azoradas la pantalla de la televisión en la normal de Ayotzinapa, que por ahora los alberga: ¿Por qué están hablando de nuestros hijos como si estuvieran ya muertos, si nadie puede estar seguro todavía?.

Es por eso que el jueves mismo, los padres de los estudiantes de la normal y las organizaciones de derechos humanos que los acompañan resolvieron que en este momento no hay espacio para la interlocución con el gobierno ni para mesas de diálogo o negociación, por lo que, en lugar de un grupo mediador, se decidió integrar un comité de notables que impulse la búsqueda exhaustiva de los 43 desaparecidos y una identificación forense confiable de los restos encontrados hasta ahora.

Insistieron en que los familiares, en cuanto a la identificación de sus hijos, sólo tendrán certeza y confianza en los resultados periciales que obtenga el Equipo Argentino de Antropoogía Forense que participa en las diligencias.

Al analizar la evolución de hechos en las pasadas 48 horas, las víctimas y los grupos de acompañamiento concluyeron que la respuesta del gobierno federal a la crisis humanitaria desatada el pasado 26 de septiembre en Iguala llegó tarde y no genera confianza. Para los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, se trata de pura pantomima y teatro.

Barrera relata momentos desgarradores que los padres y madres han sufrido a merced de los equipo investigadores en Guerrero, en particular con el personal del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada para Personas Desaparecidas, bajo la dirección de Elizabeth López Peña. No fueron pocas las mamás que terminaron llorando después de que burócratas insensibles, hasta majaderos, las interrogaran para tomarles su declaración. Son agentes del MP sin ninguna capacitación para tratar con víctimas. Y peor: ni siquiera tienen conciencia de la magnitud del caso que tienen enfrente.

Para muchas de las familias, los términos de un cotejo genético para determinar la identidad de un cuerpo mediante la coincidencia de ADN con sus parientes son totalmente desconocidos, y se requiere, insiste Barrera, una explicación cuidadosa. Once de los jóvenes desaparecidos son indígenas: náhuatl, na savi y me’phaa.

Los grupos de acompañamiento se han quejado de que a los padres de familia les han pedido ya tres muestras de sangre a cada uno: para las autoridades federales, para los antropólogos forenses y para las autoridades estatales. Este es un claro proceso de revictimización.

Apenas esta semana en curso, cuando fue descubierto el primer entierro en los alrededores de Iguala, los equipos que atienden el área de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, la PGR, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la CNDH llegaron en tropel a Chilpancingo a abordar a los padres de los desaparecidos. La ayuda institucional fue rechazada por el momento.

Preocupa a las organizaciones que la PGR atrajo el caso de Iguala de manera parcial, sólo en lo referente a la línea de investigación de delincuencia organizada, mientras la procuraduría guerrerense controla todavía algunos hilos de la averiguación. Lamentan que la acción judicial pretenda poner énfasis únicamente en la lógica forense.

Integran la comisión de impulso a la búsqueda y esclarecimiento el sacerdote Miguel Concha, del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria; Dolores González Saravia, de Servicios y Asesoría para la Paz, y Javier Sicilia, del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, así como Magda Gómez, Carlos Fazio, Adolfo Gilly, Gilberto López y Rivas, Édgar Cortez, Blanca Martínez, Michael Chamberlin y Mario Patrón, entre otros.