El fiscal general de Guerrero, Iñaki Blanco Cabrera, aseguró que en 2013, en el caso del homicidio de Arturo Hernández Cardona, líder social en la entidad, no había elementos para proceder en contra del alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez.

Lo anterior, no sólo por la protección (fuero) del que gozan los presidentes municipales de Guerrero, sino porque el señalamiento contra Abarca Velázquez como presunto asesino sólo tenía como sustento un testimonio singular y aislado. Además, agregó, no compareció nadie ante la autoridad.

El caso llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, motivo por el cual el gobierno mexicano debió enviar información de las acciones realizadas por la procuraduría de justicia. En ese expediente, aseveró Blanco, había una versión distinta de los hechos, se advierten ciertas contradicciones e inconsistencias, insistió.

A pregunta expresa de la comunicación que tuvo con la Federación sobre este homicidio, admitió que el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, le solicitó datos del expediente.

Sí lo hay (el requerimiento de datos) y en su oportunidad hubo intercambio de información entre ambas procuradurías, dijo en entrevista.

El fiscal subrayó que la dependencia a su cargo investiga la muerte de Hernández Cardona (simpatizante del PRD y cercano a la corriente encabezada por René Bejarano) como homicidio del fuero común y no como parte de una acción de la delincuencia organizada.

A partir de la muerte de tres estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y la desaparición de 43 jóvenes de esta escuela, la atención se enfocó en el alcalde de Iguala como presunto autor intelectual del ataque contra los estudiantes, ocurrido la noche del 26 de septiembre pasado en ese municipio.

El propio fiscal de Guerrero confirmó la existencia –acorde con las pruebas periciales, la declaración de policías detenidos y otros testimonios incluidos en la averiguación previa– de una infiltración del crimen organizado en las filas de la policía municipal de Iguala.

Sin embargo, no se ha confirmado la versión acerca de la supuesta participación de Abarca en el homicidio del líder social, de un posible crimen de Estado en contra de más de 40 jóvenes, y tampoco la posibilidad de que los cuerpos hallados en varias fosas clandestinas correspondan a los normalistas. En su opinión, los resultados de los exámenes forenses tardarán entre 15 días y dos meses.

El caso de los normalistas ya está bajo la responsabilidad de una mesa de alto nivel encabezada por el procurador general Murillo Karam, pero en la que participan también, dijo, fuerzas estatales.

El antecedente del caso Hernández Cardona, llevado por el propio Bejarano a la PGR y a la Secretaría de Gobernación, permanece en Guerrero como un homicidio más en esta entidad que tiene la tasa más alta de asesinatos dolosos: 2 mil 158 averiguaciones en 2011; 2 mil 310 en 2012, y 2 mil 87 en 2013, año en que desaparecieron, torturaron y mataron a Hernández Cardona, líder de la organización Unidad Popular.

–Entonces, ¿no había elementos para actuar contra el alcalde? –se le preguntó al fiscal al término de una reunión con integrantes de la recién formada comisión civil para el caso Ayotzinapa.

–En efecto, no los había. En Guerrero, para bien o para mal, los presidentes municipales tienen fuero. Si la procuraduría pretende proceder contra alguien con fuero, estaríamos incurriendo en una irresponsabilidad penal.

En el caso de Ayotzinapa subrayó que la procuraduría se está allegando de elementos para determinar el grado de participación de distintas personas.