Toluca, Méx., 11 de octubre.

Con sus 1.82 metros de estatura, barba y lentes, Manuel Ramírez Valdovinos sobresale del resto de sus compañeros reos del penal de Chalco. Está recluido en el área de la tercera edad a pesar de tener apenas 36 años. Las lesiones cervicales que tiene, resultado de la golpiza que recibió la noche de 26 de mayo de 2000 cuando fue detenido, lo obligan a no hacer movimientos bruscos y a portar una faja permanente para evitar dolor. Así, en esta área, la vida carcelaria se puede sobrellevar.

Ramírez Valdovinos fue sentenciado a 40 años de prisión por el homicidio de un joven de 19 años, que se presume está vivo.

Él, su familia y varios vecinos de la comunidad de Tepexpan, municipio de Acolman –a sólo 10 minutos de la zona arqueológica de Teotihuacán–, donde habría ocurrido el asesinato, aseguran que el joven no murió, que su padre montó un teatro con ayuda de judiciales, peritos y una agente ministerial para hacer pasar por muerto al joven y así cobrar un seguro de vida millonario y salvarlo de ser detenido, pues había cometido varias fechorías.

Esta sospecha se ha alimentado, pues existe evidencia de que el cadáver por el cual fue sentenciado no corresponde a la víctima que dicen que mató. Dos dictámenes periciales antropofísicos sobre el cuerpo del delito lo confirman.

A pesar de esta evidencia, el Poder Judicial del estado de México ha rechazado otorgarle la libertad que reclama, pues magistrados aseguran que si el cadáver por el que lo sentenciaron no corresponda a la víctima, no significa que no lo haya asesinado. Le responden que sólo cuando presente evidencias indubitables de que la víctima vive, no podrá proceder su recurso de reconocimiento de inocencia y obtener la libertad.

El supuesto homicidio

La noche del 26 de mayo del 2000, Manuel Germán Ramírez Valdovinos regresó temprano de su trabajo como maestro de música de una preparatoria pública de Texcoco. Era jueves y había organizado con su entonces esposa Esther, una pequeña celebración por el primer mes de vida de su único hijo.

Alrededor de las 20 horas el festejo fue interrumpido. Un comando de ocho policías judiciales irrumpió con violencia en su domicilio en Tepexpan, quienes encañonaron a los más de 20 asistentes y exigieron entregar a Ramírez Valdovinos. A gritos, el comandante a cargo de la operación, preguntó: ¿Quién chingados es Manuel? Su esposa Esther lo señaló y de inmediato dos judiciales se abalanzaron sobre él y lo golpearon con las armas hasta tirarlo. A tirones de cabello lo levantaron del suelo y lo sacaron a empujones de la casa para subirlo a un auto.

Ramírez Valdovinos tenía 22 años. Era un muchacho tranquilo, no se metía con nadie, aseguran quienes eran sus vecinos. Los sábados los dedicaba a su familia y por la tarde iba a tocar con estudiantinas en las noches coloniales de colegios privados en el Distrito Federal. Los domingos tocaba en el coro de la iglesia de Tepexpan, lo que le permitió forjar amistad con el obispo de Texcoco, comenta su padre Francisco, quien se ha gastado toda la liquidación que le dieron en Luz y Fuerza del Centro para solventar los gastos que representa tener a un hijo en prisión y asegurar que no le pase nada.

Durante tres horas, a Ramírez Valdovinos y a dos jóvenes más –Gabriel y Juan Carlos, sus coacusados– los trajeron de un lugar a otro en dos autos, sometidos a golpes y amenazas. Los llevaron a una accesoria donde los colgaron con cadenas y desnudos les dieron descargas eléctricas en una tinaja con agua helada, que también servía para borrar evidencias de los golpes recibidos.

A media noche fueron presentados ante el Ministerio Público (MP). Ahí los judiciales entregaron unas hojas con toda una historia fabricada para imputarles el asesinato. El agente del MP lo único que hizo fue trascribir las hojas de papel membretado y luego les dio a firmar su supuesta declaración, donde aceptaban los hechos.

Ramírez Valdovinos recuerda que al ingresar al centro de justicia de San Juan Teotihuacán vio al padre de la presunta víctima reclamarle a los judiciales. A este no, que es hijo de mi compadre y se me va a armar. El comandante le respondió: Pues ni pedo, mi señor, usted nos encargó a tres pendejos y aquí están. Ahora se sostiene porque ya todo está armado con el Ministerio Público.

Horas después un judicial escuchó una plática entre policías de cómo el padre de la víctima les había entregado 150 mil pesos a cambio de que se chingaran a tres jóvenes a quienes imputaría el supuesto homicidio de su hijo.

En el juicio que se les siguió en el juzgado tercero penal de Texcoco, Manuel Ramírez y sus coacusados repitieron que habían sido torturados y amenazados para firmar una confesión de un asesinato que no cometieron.

Incluso una joven del pueblo que fungió como persona de confianza mientras lo remitían ante el Ministerio Público, declaró lo que vivió cuando los tres muchachos fueron presentados ante el MP. Ingresé a la oficina del MP y los judiciales me dijeron: Mira reina, aquí tú sólo vas a ver, callar y firmar, si no lo haces te va a cargar la chingada.

En el expediente de la causa 238/200-2 del juzgado tercero penal de Texcoco, se incluyó el relató de esta mujer llamada Elizabeth: No les dejaban hablar. El MP sólo trascribía las hojas que le dieron los judiciales. Cuando reclamé que les permitieran declarar se me acercó un judicial y me dijo que si no entendía que debía de callar y firmar, que si no lo hacía, ahí mismo me iban a violar. Elizabeth sostuvo sus dichos en careos con judiciales, pero el juez Juan Antonio Velázquez no les dio valor probatorio.