El amparo concedido a José Luis Abarca, alcalde con licencia del municipio de Iguala, no impedirá que sea detenido por la Procuraduría General de la República (PGR), porque en las investigaciones se le considera indiciado en la comisión de delitos graves, señalaron funcionarios de la Subprocuraduría Especializada en Investigacion de Delincuancia Organizada (Seido).

Tanto el alcalde como su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, son considerados partícipes en los delitos de privación ilegal de la libertad y homicidio en relación con los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero.

En días pasados, ambos, que no han sido declarados prófugos de la justicia porque no hay mandamiento judicial en su contra, solicitaron un amparo contra cualquier acto de detención.

De acuerdo con los registros judiciales, el pasado 6 de octubre –cuando la PGR no había intervenido en las investigaciones– Abarca promovió una demanda de amparo contra actos de diversas autoridades estatales, federales y jurisdiccionales, señalando como actos reclamados órdenes de localización y/o búsqueda, presentación, detención, arraigo, aprehensión y su ejecución.

El juzgado admitió la demanda a trámite y concedió la suspensión provisional, cuyos efectos son exclusivamente para que el quejoso no sea privado de su libertad con motivo de las órdenes reclamadas hasta que se resuelva en definitiva el amparo.

Pero esto, aclararon, significa que la medida no surte efecto si las mencionadas órdenes reclamadas se refieren a delitos considerados como graves.

Este órgano jurisdiccional informa que hasta el momento 17 de las autoridades señaladas como responsables han rendido los informes correspondientes, negando la existencia de los actos reclamados por el quejoso.