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Al sol azteca le falta control para seleccionar a candidatos externos: Aalmac

Sotelo: el caso del edil de Iguala no es el único de políticos perredistas vinculados a cárteles
 
Periódico La Jornada
Domingo 12 de octubre de 2014, p. 9

El caso de José Luis Abarca Velázquez, alcalde con licencia de Iguala, Guerrero, y prófugo de la justicia, no es el primero en el que se descubren presuntos vínculos de políticos perredistas con el crimen organizado.

También ha ocurrido en Michoacán, en Tamaulipas, Quintana Roo, estado de México y Veracruz, reconoció Carlos Sotelo, secretario de asuntos municipales y desarrollo regional del Comité Ejecutivo Nacional del partido.

Estos vínculos, de acuerdo con Ricardo Baptista, director ejecutivo de la Asociación de Autoridades Locales de México (Aalmac), tiene que ver con la falta de control por parte del PRD para seleccionar a candidatos externos, como ocurrió con Abarca Velázquez.

Lo mismo pasó con Arquímides Oseguera, alcalde de Lázaro Cárdenas, Michoacán, detenido el 28 de abril por sus nexos con Servando Gómez, La Tuta, líder de Los caballeros templarios, y por su posible participación en secuestros y extorsiones en el estado.

En este escenario no se puede dejar de lado a Julio César Godoy Toscano –hermano del ex gobernador de Michoacán Leonel Godoy–, vinculado de igual manera con los templarios y acusado como presunto responsable de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Godoy Toscano logró burlar a las autoridades utilizando el fuero que tenía como diputado federal, tras resultar electo en los comicios de julio de 2009. Fue edil del municipio de Lázaro Cárdenas de 2002 a 2004, y esa zona se convirtió en uno de los principales centros de operaciones tanto del grupo criminal La familia michoacana como de Los caballeros templarios, tras una escisión en la primera organización delictiva.

Más ejemplos

Otro caso es el de Miguel Ángel Almaraz Maldonado, identificado como operador de Los Zetas, brazo armado del cártel del Golfo, en Tamaulipas. Fue presidente estatal del PRD en aquella entidad y registrado como precandidato a diputado federal por el tercer distrito electoral de Río Bravo. En 2009 fue arrestado como parte de un grupo dedicado al robo de hidrocarburos de la Cuenca de Burgos, el cual exportaban y vendían ilegalmente.

Uno más es Gregorio Sánchez Martínez, antiguo alcalde de Cancún, contra quien se sigue un proceso por lavado de dinero y evasión. En mayo pasado la Administración Federal de Ingresos Públicos de Argentina allanó su residencia en la ciudad de Posadas por esa causa.

Tres años atrás, Sánchez Martínez fue detenido en México por presuntos vínculos con cárteles del narcotráfico, de lo cual fue exonerado un año después.

Por otro lado, en abril de este año fue detenido en una gasolinera de Iguala el alcalde perredista de Cuetzala del Progreso, Guerrero, Feliciano Álvarez Mesino. Se le imputaron asesinatos, secuestros y extorsiones.

Baptista admitió que hay una barrera en la que no sabemos si las autoridades locales vinculadas con la delincuencia organizada son víctimas o cómplices.

Citó que el caso del cobro de derecho de piso compromete a presidentes municipales, a quienes, además, se les imponen directores de seguridad pública, constructoras y gente para la estructura de gobierno.

A muchos, dijo, los han matado por denunciar, o en otros casos pueden estar involucrados en videos, porque son obligados a ir a reuniones bajo amenazas de ser secuestrados o sufrir atentados contra sus familias.

El problema es que esa barrera es difícil de descifrar, mencionó, y puso de ejemplo el operativo federal conocido como el michoacanazo, implementado en 2009 durante el sexenio de Felipe Calderón, donde se aprehendió a 38 funcionarios estatales y municipales de Michoacán, acusados de tener nexos con el cártel de La familia michoacana.

Todos fueron declarados inocentes entre ese año y 2011, porque las autoridades no encontraron elementos suficientes para fincarles alguna responsabilidad.

Sotelo, por su parte, indicó que a la dirección nacional del partido le ha faltado voluntad política en la selección de sus candidatos. Consideró que no basta con someter las candidaturas al escrutinio de Gobernación o de la Procuraduría General de la República, ni tampoco mantener el paradigma de no importa con quién, lo importante es el dinero y ganar.