La Unidad de Delitos Fiscales y Financieros de la Procuraduría General de la República (PGR) abrió entre enero y septiembre pasado 545 averiguaciones previas contra contribuyentes que presuntamente incurrieron en defraudación al fisco por ingresos no declarados al Servicio de Administración Tributaria (SAT), lo que representa un incremento de 15.9 por ciento respecto del mismo periodo de 2013, cuando la dependencia inició 470 indagatorias, informaron abogados fiscalistas.

En entrevista con este diario, Marco Antonio del Toro, experto en derecho penal; Omar Soto, abogado fiscalista; Felipe Rosales Fernández, penalista, y Salomón Coss Rodríguez, contador especializado en temas de defraudación fiscal, cuestionaron el papel de la encargada de la fiscalía de delitos fiscales de la PGR, Mireya Lemus Mondragón, pues consideran que, lejos de respetar el derecho de defensa de los contribuyentes inculpados por la Secretaría de Hacienda, la funcionaria realiza una integración de las averiguaciones previas prácticamente de forma mecánica y uniforme.

Sin advertir al contribuyente que enfrenta una querella (por parte de la Procuraduría Fiscal de la Federación), la fiscal Lemus está optando por consignar y mandar todo a la cancha de un juez, quien libra las órdenes de captura, y ya una vez que el inculpado está detenido es cuando se entera de que lo acusan de defraudación fiscal por una presuntiva de ingresos no declarada, es decir, el imputado no se puede defender hasta que está en la cárcel, refirió el contador Coss Rodríguez.

Omar Soto, abogado fiscalista, indicó que la citada fiscalía está violentando claramente el principio de presunción de inocencia, además de que pone en clara desventaja al imputado frente a la autoridad fiscal, ya que ”lejos de buscar una salida alternativa de solución de controversias, que permita al contribuyente ponerse al día con sus obligaciones, el Estado opta por la medida coercitiva de prisión y con ello criminaliza un asunto que debe quedar en el terreno estrictamente administrativo-fiscal”.

El penalista Rosales Fernández indicó que este tipo de asuntos son muestra clara de que la actual encargada de la fiscalía de la PGR desconoce o no le importa respetar el debido proceso legal, las garantías de legalidad, de defensa adecuada y el principio de presunción de inocencia, lo que es grave para la dependencia federal, porque los casos fiscales los terminará perdiendo la autoridad una vez que los contribuyentes imputados hagan valer esas violaciones ante los jueces de amparo.

Pero los abogados y especialistas en materia fiscal consultados por este diario no son los únicos que han manifestado su inconformidad con la permanencia de la fiscal al frente de la instancia que investiga los fraudes al fisco, pues también funcionarios de la Secretaría de Hacienda han presentado quejas ante los jefes de Lemus Mondragón, por la falta de eficacia y eficiencia en su labor, informaron fuentes gubernamentales consultadas.

Según los funcionarios consultados, en los nueves meses recientes, la mitad de las averiguaciones previas que han sido consignadas ante jueces federales han terminado en negativa de órden de aprehensión, es decir, que cuando los casos llegan a la autoridad judicial, los juzgadores encuentran que la fiscalía de delitos fiscales no hizo bien su trabajo, ya sea por alguna violación de alguna formalidad (debido proceso) o no se acreditó el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de los imputados.

El penalista Marco Antonio del Toro exhortó al Poder Judicial Federal y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a enmendar la plana a la PGR, para que antes de que consignen cualquier averiguación previa por supuesta defraudación fiscal de un contribuyente al que se impute una presuntiva de ingresos no declarados se exija a la Secretaría de Hacienda ejercer facultades de comprobación y aclarar la situación fiscal de los presuntos deudores al fisco antes de que se les lleve a prisión preventiva.