En la política de Estado en torno a los casinos se buscará ampliar los requisitos para su regulación, pero no hay limitaciones para su crecimiento.

Lo que no se puede prohibir de hecho se tiene que regular con el derecho, dijo la titular de la dirección general Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación, Marcela González Salas.

Si bien la dependencia promete mayor control a fin de que haya un permiso por cada establecimiento, continuará el traslado de autorizaciones vía socios y accionistas.

Según el artículo 17 del proyecto de Ley Federal de Juegos y Sorteos (derogaría la norma actual, creada en 1947, y su reglamento, aprobado en el sexenio foxista), el solicitante de un permiso debe detallar la identidad de sus socios o accionistas.

Para ello debe indicar datos generales; situación patrimonial (en la que se precise el origen del capital aportado a la sociedad), así como los nexos patrimoniales o profesionales con otros empresarios del sector. El interesado en abrir (o mantener) un casino, así como sus socios, declararán –bajo protesta de decir verdad– no haber sido condenado por delito doloso de índole patrimonial, fiscal ni relacionado con la delincuencia organizada o de operaciones con recursos de procedencia ilícita ni declarado en concurso mercantil.

Los socios deberán además entregar a Gobernación balances contables de los cinco años recientes, así como los documentos oficiales que avalen la unión con el permisionario.

Los aspirantes a permisionarios mostrarán un estudio de viabilidad financiera del establecimiento que se pretenda instalar y operar; el programa de inversiones que hará, el cual precisará el origen de los recursos aplicados, y la mecánica de operación del sistema central de apuestas.

Además de lo anterior, deberán cumplir con una decena de requisitos para la apertura del casino, especialmente la que acredite la licencia municipal (o delegacional en el caso del Distrito Federal) de uso del suelo.

Como se ha informado, la pretendida nueva ley fija en diez años la vigencia de los permisos, aunque estos pueden ser prorrogables cada década.

Los casinos deberán ubicarse a no menos de medio kilómetro de distancia de escuelas, lugares de culto público, zonas arqueológicas, patrimonio cultural de la nación, parques nacionales o reservas naturales protegidas. Asimismo, no podrán estar cerca de hospitales, refugios o guarderías.

La funcionaria asegura: Los vamos a traer con lupa.

Los permisionarios de casinos deberán presentar protocolos y controles internos para la prevención del lavado de dinero, narcotráfico y trata de personas.

A su vez, será obligatorio el reclutamiento, capacitación y certificación del personal de los establecimientos.

Tendrán que acreditar un programa para difundir los efectos de la ludopatía y tener actualizada la lista de autoexclusión de adictos al juego, a fin de evitar su entrada a los locales.

Según el corte de información oficial más reciente, en México hay 342 casinos. Sólo tres entidades nunca han tenido establecimientos de este tipo (Zacatecas, Tlaxcala y Oaxaca) y dos más (Coahuila y Chiapas) mantienen litigios para evitar la reapertura de algunos locales.

La iniciativa de ley será presentada en los próximos días en la Cámara de Diputados.