Los cuatro militares involucrados en el caso Tlatlaya (tres de ellos acusados por homicidio y uno por encubrimiento) se reservaron su derecho a declarar ante autoridades del Poder Judicial Federal y pidieron la duplicidad del término constitucional (de 72 a 144 horas) para aportar pruebas que desacrediten las acusaciones en su contra, informaron fuentes judiciales.

Los funcionarios consultados añadieron que la audiencia se efectuó a puerta cerrada en un lugar que hasta el momento se mantiene bajo reserva, y en ella únicamente estuvieron presentes los imputados, sus abogados, representantes de la Procuraduría General de la República (PGR) y funcionarios del juzgado tercero de distrito.

La diligencia transcurrió sin novedades y en ella no hubo declaraciones de los militares imputados, quienes oyeron de las autoridades judiciales las acusaciones por homicidio calificado y encubrimiento.

El próximo fin de semana el juzgado resolverá la situación jurídica de los militares detenidos, ya sea con auto de formal prisión o de libertad, una vez que concluya el plazo de 144 horas.

De acuerdo con las investigaciones sobre el caso Tlatlaya, al menos ocho de los 22 presuntos delincuentes fueron asesinados por militares con las armas de los que ya estaban muertos. Según consta en el expediente del caso, la mayoría de los criminales murieron durante un primer tiroteo.

Descubrimos que fueron muertos por (sus propias) armas y eso hacía que las armas tampoco aparecieran en el lugar en la trayectoria; éstos son los elementos que nos dan la posibilidad de poderlos consignar como homicidio, como lo hicimos, explicó la semana pasada Jesús Murillo Karam, titular de la Procuraduría General de la República, durante una entrevista radiofónica.