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Efectúan convención representantes de 40 organizaciones

Demandan campesinos efectuar una revolución ideológica

Rechazan el TLCAN y las reformas estructurales; piden justicia para Ayotzinapa

 
Periódico La Jornada
Jueves 16 de octubre de 2014, p. 20

Cancelación total del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) porque se ha convertido en un instrumento de colonización económica que impide al Estado mexicano el respeto a los derechos humanos del pueblo mexicano, exigió hoy la Convención Nacional Campesina e Indígena (CNCI) #El Campo es de Todos, en la que participaron cerca de un millar de delegados de 40 organizaciones campesinas e indígenas de todo el país.

Durante el segundo día de trabajos de la CNCI, realizada en el Distrito Federal, dieron a conocer el citado manifiesto y las conclusiones de cinco mesas de trabajo. Un eje presente en todas las mesas fue el rechazo a las reformas estructurales, energética y de telecomunicaciones, y sus leyes secundarias, que nos llevan a la profundización de la crisis económica, social y ambiental que vive México y no al progreso.

Se hizo un llamado a la unidad con las organizaciones sociales, sindicales, populares, para trabajar juntos y llevar adelante una revolución no armada como hace 100 años, sino una revolución ideológica, para modificar el rumbo del país.

Generalizada también fue la demanda de cese a la criminalización de la lucha social y a la represión y persecución de los luchadores sociales; justicia para compañeros suyos que han sido asesinados y que se expida una ley de amnistía para todos los presos políticos del país, junto con el cese a la práctica de la desaparición forzada, por ser un crimen de lesa humanidad.

En este sentido se reiteró la condena a la represión contra los normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, y la exigencia de que los 43 jóvenes que aún están desaparecidos sean presentados vivos; se hizo, asimismo, un pronunciamiento de apoyo a lucha de los alumnos del Instituto Politécnico Nacional.

Estuvo presente el reclamo que se legisle en materia de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, en especial sobre la consulta vinculante respecto de todas las decisiones que tengan que ver con su territorio, recursos naturales y cultura.