La única oferta que recibió la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para la construcción del Tren de Alta Velocidad México-Querétaro es más cara que la estimación hecha por la dependencia para la realización de esta obra, ya que el consorcio integrado por empresas nacionales y chinas pidió 58 mil 951 millones de pesos contra 42 mil presupuestados por el gobierno federal.

En este concurso, cuyo fallo se emitirá el próximo 3 de noviembre, no participaron 16 de las empresas constructoras y especializadas en la industria ferroviaria más importantes del país y a nivel internacional. Quedaron fuera del concurso al enviar cartas de disculpas por no participar en el proceso.

De tal forma, esta licitación podría ser ganada por el consorcio en el que participan empresas que también irían por la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, tales como GIA, de Hipólito Gerard, cuñado del ex presidente Carlos Salinas de Gortari; Prodemex, de Olegario Vázquez Aldir, que dirige Antonio Boullosa Madrazo; y Teya, de Grupo HIGA, propiedad de Juan Armando Hinojosa, empresario mexiquense.

GIA, Teya y Prodemex forman parte del grupo de constructoras que promueve la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (Cmic) para hacerse cargo de las obras del nuevo aeropuerto internacional que hasta ahora está considerada la máxima obra de infraestructura de esta administración; bloque en el que también participan ICA, Carso, Hermes y Marhnos.

Además de esas tres empresas el consorcio que presentó la única propuesta económica en la licitación del Tren de Alta Velocidad México-Querétaro está integrado por la empresa GHP Infraestructura Mexicana de la que no hay mayor información, China Railways con tres corporativos y CSR.

De las empresas mexicanas participantes en este grupo sólo Prodemex tiene algún trabajo en infraestructura ferroviaria, porque estuvo a cargo del desvío ferroviario en el Vaso II de la Laguna de Cuyutlán. Los verdaderos especialistas del consorcio son China Railways y CRS.

La propuesta económica del consorcio fue presentada a la SCT bajo un cálculo hecho sin integrar el impuesto al valor agregado (IVA) lo que representa 50 mil 820 millones 264 mil 42.89 pesos; y ya con el gravamen se eleva a 58 mil 951 millones 506 mil 289.75 pesos con ese gravamen, lo que rebasa la estimación gubernamental de 42 mil millones de pesos.