Iguala, Gro.

Un anciano y dos hombres bajan de un viejo Tsuru blanco. Con paso lento, entran a una casa de dos plantas en medio de la carretera, rodeada por cerros.

Es el Servicio Médico Forense (Semefo) de Iguala. En realidad se trata de un negocio privado que presta servicios al gobierno, explica uno de los encargados mientras entra don Iraís Roa Román, un jubilado de 68 años.

Mi hija se llama María de Jesús Roa Martínez. Tiene 40 años. Vendía pollos aquí, en la colonia Los Reyes. Desapareció el 10 de diciembre. Se la llevaron a las 11 de la mañana, en plena calle. Fue una camioneta roja con tres hombres, nos contó la gente, pero no quieren decir nada, no quieren declarar, relata en voz baja. ¿Cómo haré para saber de ella?

Lo acompañan dos de sus ocho hijos, hermanos de María de Jesús. Se ven tristes y agobiados.

“Llamamos a la policía del estado, pero jamás fueron; ni nos visitaron siquiera. Ya les perdimos la fe. Lo único que hemos recibido son llamadas. Dicen que son del Ministerio Público, pero las llamadas vienen de celular –muestra los números. Nos piden dinero, quieren un millón. ¿Y de dónde vamos a sacar?”

Don Iraís llora y su tristeza hace aún más insoportable el aire dentro del Semefo, donde el calor se mezcla con el olor a formol y a muerte.

Quien los atiende aquí trata de convencerlos de tomarse muestras genéticas ante las autoridades estatales. Si no, reconocer una osamenta está difícil.

No alcanza a explicarles que el Semefo no puede dar respuesta a su búsqueda cuando arriba otra familia. Venimos a reconocer un cuerpo. Desapareció el 10 de marzo, dice una joven, acompañada por muchachas y hombres. También traen un folder en la mano.

Familias de igualtecos desfilan por el Semefo. Para ellos, el hallazgo reciente de fosas clandestinas significa una esperanza, la posibilidad de encontrar una respuesta, por terrible que pueda ser, a la tortura continua de la desaparición forzada.

Un hombre atiende a un grupo de reporteros. Pide no divulgar su nombre, porque aquí estamos en riesgo. Admite que las fosas clandestinas se han vuelto una triste realidad durante los dos años recientes. Iguala, una ciudad de 130 mil habitantes, vive “cambios drásticos. Cada vez es mayor el número de levantamientos masivos”.

Describe un breve pero fatídico recuento: “En abril, primero fueron encontrados nueve, y en mayo 19, en esos mismos cerros (Cerro Grande, donde se hallaron las primeras fosas vinculadas con el secuestro de 43 normalistas). Y luego en otros cerros camino a Taxco… 25 y 28 son 53, más otros 28, es decir ocho (levantamientos) en lo que va de este año. Sin tomar en cuenta los de uno o de dos que se van encontrando. Así están las cosas”.

Las necropsias han sido el sustento de su familia durante tres generaciones. Su abuelo y su padre se dedicaron a lo mismo. Nunca habían vivido algo similar y, aun cuando sobra trabajo para ellos, es un escenario que no quisiéramos. Yo soy criollo de aquí y éste era un lugar muy tranquilo, la verdad, hasta hace dos años que se descompuso.

Con serenidad, dice que para ellos no fue sorpresa encontrar el cuerpo del estudiante Julio César Mondragón asesinado, desollado y con los ojos arrancados la noche del 26 de septiembre. La escena no les resultó nueva, porque hace como dos o tres años, a 15 kilómetros de aquí hubo otras tres personas desolladas.

Los trabajadores del Semefo de Iguala no se dan abasto. Tratan de responder a las familias que llegan esperanzadas mientras el teléfono sigue sonando. Sí. Dígame, perito. ¿Cuántos? Okey. Ahorita nos vamos. Fue hallado otro muerto por arma de fuego en Teloloapan, a 64 kilómetros.