El caso de los vuelos de la muerte que despegaban desde la base militar de Pie de la Cuesta, en Guerrero, y arrojaban al mar a personas capturadas en el contexto de la guerra contrainsurgente de los años 70, vuelve a salir a la superficie como un hecho pendiente de justicia, ante el cual el Estado mexicano tiene que responder.

Aunque los generales Mario Acosta Chaparro y Francisco Quirós Hermosillo, principales ejecutores de esas operaciones, murieron hace tiempo –el primero, asesinado, en agosto de 2012; el segundo, de cáncer, cuando aún estaba preso por delitos relacionados con narcotráfico, en noviembre de 2006– sus nombres vuelven a quedar registrados en el informe de la Comisión de la Verdad (Comverdad) para Guerrero.

Entre sus conclusiones, el organismo sostiene que el Estado mexicano no puede concederse a sí mismo una autoamnistía por las violaciones graves a los derechos durante la guerra sucia de hace 40 años. Según explica la comisionada Pilar Noriega, de acuerdo con los criterios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, (CoIDH), a los que México está obligado, cualquier autoamnistía carece de efectos jurídicos si se demuestra que los delitos involucrados son imprescriptibles en razón de que fueron ejecutados en el contexto de una política de Estado que, como es el caso en Guerrero, configuró patrón sistemático y generalizado de represión.

Acosta Chaparro y Quirós Hermosillo pertenecieron a la paramilitar Brigada Blanca, junto con otros represores, policías y militares de alto nivel. A ambos se les encauzó por delitos cometidos durante la guerra sucia (expediente militar SC/34/2000/IV/1E-Bis depositado en el Archivo General de la Nación), pero el juicio no prosperó. Todos estos oficiales murieron impunes.

Acosta fue asesinado en agosto de 2012, pero antes fue exonerado por todos los delitos por los que se le juzgó, e incluso pasó a retiro de las fuerzas armadas con honores. Sólo purgó seis de los ocho años a que fue sentenciado. A Quirós le ganó la muerte. Murió de cáncer cuando preparaba su defensa por la última causa que tenía pendiente: la de tráfico de armas.

La Comisión de la Verdad de Guerrero, que rindió esta semana su reporte final en Chilpancingo, incorporó expedientes del juicio que se ventiló en 2002 en un tribunal castrense, donde pilotos militares rinden testimonio y recuerdan que entre 1974 y 1981 fueron arrojadas al mar cerca de mil 500 personas, algunas vivas, según el testimonio de Gustavo Tarín, subordinado de Quirós Hermosillo en la Policía Militar.

En los datos presentados por Comverdad pueden estar las claves del paradero de muchos de los desaparecidos de esa época. Los detenidos y posteriormente ejecutados y arrojados al mar no sólo eran guerrerenses. Con frecuencia se trasladaba de las cárceles ilegales del Ejército a Acapulco a detenidos procedentes de Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Distrito Federal, Nuevo León y Chihuahua.

En Acapulco eran interrogados –en una oficina dispuesta por el gobernador Rubén Figueroa– por agentes del Ministerio Público. A algunos les proponían amnistía. Los que no aceptaban eran llevados a la base militar de Pie de la Cuesta. Ahí, en un área conocida como El Metro, porque era estrecha, se les vendaba la cabeza y eran ejecutados con un tiro en la nuca; siempre con la misma arma: una pistola calibre 380, a la que llamaban la espada justiciera. Cuatro militares mataban por turno: Acosta Chaparro, Alfredo Mendiola, Alberto Aguirre y Humberto Rodríguez Acosta.

Los vuelos de la muerte –como se les llamó durante la etapa represiva de Argentina– se organizaban de noche para arrojar hasta 16 personas a la vez, algunas todavía agonizantes, según Tarín, en un avión militar Arava.

Margarito Monroy Candia, mecánico de aviones que también declara en ese expediente, calcula que Acosta Chaparro pudo haber ejecutado personalmente a 200 personas, y afirma que “también hubo militares asesinados. A él le ordenaron quitar una puerta lateral de la aeronave para facilitar la operación. Cita los nombres de dos pilotos de la Fuerza Aérea que realizaban los vuelos: tenientes David Carlos Gómez y Jorge Violante Fonseca, de quienes se desconoce el paradero.

Otro testimonio es del piloto Apolinar Ceballos Espinosa, quien fue trasladado del escuadrón 208 de Santa Lucía a Pie de la Cuesta como asistente de Violante, quien le dijo que no preguntara nada. Relata que una vez en la cabina, a pesar de no ver, sentía el movimiento de personas en la parte posterior del avión, y que llegó a escuchar frases como: este paquete está pesadito, o bien, éste está más ligero.

Roberto Huicochea Alonso, quien fue ascendido a piloto aviador del Estado Mayor Aéreo –en 1976 era capitán– también declaró. Dijo que él piloteaba vuelos de madrugada, pero que se esmeró en no enterarse. Informó que todos los vuelos de anotaban como locales en una bitácora, pero no sabe dónde quedó.