El Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (Idet) se manifestó en contra de que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal penalice la instalación de antenas de telefonía celular e infraestructura de telecomunicaciones, e hizo un llamado a que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) coordine con el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), los legisladores, la Comisión Federal de Electricidad, autoridades estatales y municipales para que se definan lineamientos que faciliten el despliegue de infraestructura para prestar servicios públicos de telecomunicaciones.

El organismo que preside Gerardo Soria explicó que la iniciativa de la Asamblea tiene como antecedente una serie de quejas de habitantes del Distrito Federal y una supuesta investigación realizada por la División de Ciencias Básicas de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, de la cual se desconoce su contenido. Sus resultados apuntan en contra de lo que se opina en otros países latinoamericanos, como en el caso de Colombia, e incluso de la Organización Mundial de la Salud (OMS), donde se sostiene que no existe evidencia de que las radiaciones que producen los equipos transmisores tengan efectos contra la salud.

La población, sin certeza

Acotó que la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) ya había trabajado en un proyecto de norma para dar certeza a los habitantes sobre ese tema, y le corresponderá al Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) darle continuidad.

El Idet consideró necesario que antes que se emita cualquier regulación local para reglamentar el tema de infraestructura de telecomunicaciones, se debe trabajar de manera integral para evitar que regulaciones locales invadan la competencia del Ifetel en materia de regulación de infraestructura de telecomunicaciones, que tiene como propósito materializar la reforma constitucional consistente en garantizar a los ciudadanos el derecho fundamental de acceder a los servicios de telecomunicaciones, banda ancha e Internet, con los beneficios de conectividad que atrae a los propios estados y municipios.