El Senado aprobó ayer una reforma a los artículos 18 y 73 constitucionales que permite expedir una legislación única en materia de justicia penal para adolescentes y homologar así las leyes y códigos estatales, a fin de establecer un sistema integral para menores de edad.

Los perredistas Angélica de la Peña y Alejandro Encinas, presidentes de las comisiones de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos Segunda, coincidieron en que además se avanza al restablecer las garantías individuales y los derechos humanos de la niñez.

Encinas destacó que en esa reforma se atendieron y consideraron las propuestas que envió la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos. Se trata, detalló, de cambios importantes que permitirán definir con claridad cuáles son las edades de diferenciación entre jóvenes de 12 años a 18 años, quienes se consideran en el nivel de adolescencia y tendrán tratamientos distintos en los esquemas de reinserción social.

Por su parte, De la Peña resaltó que cada entidad federativa aplictó su propio esquema a partir de su interpretación de la reforma al artículo 18 constitucional, promulgada en 2005, y los resultados obtenidos en el ámbito normativo han sido, por decir lo menos, dispares, toda vez que cada uno de los estados estableció criterios verdaderamente heterogéneos y, en algunos casos, contrarios a la Constitución.