En México “no sólo persiste una sistemática violación a los derechos humanos, sino que ahora se profundiza cada vez más el nivel de corrupción e impunidad en la gran mayoría de los casos de agresiones, asesinatos, ejecuciones, desapariciones forzadas y demás violaciones a las garantías individuales y colectivas de la población”.

Expertos señalaron lo anterior durante la presentación del informe en la materia realizado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), de enero de 2013 a julio de 2014.

Los casos de Acteal, San Fernando, Viejo Velasco, Atenco, Montes Azules, Tlatlaya y, desde luego, la reciente desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa son claros ejemplos de la situación alarmante que vive el país, advirtieron en el acto realizado la noche del lunes pasado en la Casa Lamm.

El actual contexto de violencia y violaciones estructurales a las garantías fundamentales, señalaron, hace que el trabajo de defensa de derechos sea una lucha interminable y sumamente peligrosa.

Tannia Falconer, coordinadora en México de proyectos de la Fundación Rosa Luxemburg, dijo que el informe permite fortalecer el análisis que desde las organizaciones sociales se hace pata la defensa de los derechos humanos, concretamente en la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación de daños.

Expresó profunda preocupación por la realidad que hoy azota al país entero, donde el desprecio, discriminación, indiferencia, legalización del despojo, tortura, amenazas de muerte, mercantilización de la tierra y criminalización de la protesta social son acciones cotidianas y persistentes, en medio de la indiferencia que se observa en gran parte de la población.

El informe titulado Entre el cinismo oficial y la dignidad de los pueblos da cuenta también de los diferentes rostros del despojo, que insisten en su afán de mercantilizar la tierra y territorios de los pueblos originarios, que afrontan el asedio de gobiernos y consorcios empresariales nacionales y extranjeros.

Además, el documento plantea el cínico discurso gubernamental, que por un lado promete el cumplimiento de los múltiples instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, pero por el otro niega y criminaliza la protesta.

En la presentación del texto participaron Víctor Hugo López, director del Centro Frayba; Fernando Ríos, secretario ejecutivo de la Red Todos los derechos para Todas y Todos; la investigadora y escritora Sylvia Marcos y Pedro Faro, también del Frayba.