Buenos Aires, 22 de octubre.

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) anunció este miércoles el hallazgo de restos humanos en fragmentos pequeños y quemados en el lugar donde funcionó el centro clandestino de detención La Perla en Córdoba, durante la pasada dictadura militar (1976-1983).

La antropóloga Anahí Ginarte al frente de la oficina de EAAF en la provincia de Córdoba dijo que se está comenzando a trabajar para saber si se trata de restos de detenidos-desaparecidos y estos resto se buscaban desde el año 2004 siguiendo los testimonios que se recuperaron en la causa judicial que se desarrolló sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en ese centro clandestino.

El hallazgo en los terrenos del Tercer Cuerpo de Ejército, donde estaba ubicado el centro clandestino La Perla fue inmediatamente comunicado los jueces Alejandro Sánchez Freytes y Graciela López de Filoñuk a cargo del Juzgado Federal 3

La búsqueda se realizó en base a testimonios que hablaron de detenidos–desaparecidos, que fueron ejecutados en el lugar y la noticia corrió rápidamente entre los familiares de las numerosas víctimas que pasaron por el siniestro lugar donde se torturaba,asesinaba y desaparecía.

Hubo numerosos testimonios de fusilamientos de detenidos políticos en La Perla cuyos cadáveres se habían arrojado a fosas comunes durante la dictadura.

Por su parte, querellantes y fiscales de la megacausa de La Perla destacaron la importancia del hallazgo. El abogado querellante Claudio Orosz sostuvo que este hallazgo y los análisis del EAAF permitirán saber si estos restos son de personas desaparecidas durante la dictadura, recordando algunos testimonios que figuran en la causa de La Perla, que está aún en trámite ante un Tribunal Oral Federal.

Jose Julián Solanille, quien en tiempos de la dictadura trabajaba para un oficial principal del ejército que alquilaba una parte del campo La Perla, había declarado que vio varios fusilamientos y sabía de fosas comunes, donde arrojaban los cuerpos.

Otro de los testimonios corresponde a Bruno Laborda, un responsable de estos crímenes quien declaró que se habían desenterrado cadáveres en 1979, cuando iba a llegar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al país para investigar las denuncias y que los arrojaron a unas salinas en el norte ocultos en tambores de 200 litros.

El Tercer Cuerpo de Ejército, en esa época estaba a cargo del general Luciano Benjamín Menéndez, con varias condenas en diferentes juicios por crímenes de lesa humanidad.

Torturadores argentinos en España

La cooperación entre la dictadura de Jorge Rafael Videla y el gobierno español de Adolfo Suárez (1976-1981) surge de una serie de documentos, que reveló recientemente el diario Público, en los que se verifica la activa colaboración a nivel represivo entre ambos.

Se cita los casos del marino argentino Antonio Trueno Pernías, detenido por la investigación de los crímenes cometidos en el centro clandestino que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma) y su compañero Enrique Scheller, alias Pingüino, señalados por algunos sobrevivientes como temibles torturadores que entre 1978 y 1980 estuvieron en la embajada de Argentina en España. Su misión era perseguir y controlar a los refugiados argentinos en ese país y pese a las denuncias el gobierno de Suárez les dio pasaportes y les permitió portar sus armas.

De acuerdo a los documentos la delegación diplomática argentina fue utilizada como uno de los principales centros de operaciones de la dictadura en Europa, con la doble misión de controlar a los exiliados y contrarrestar las todas las denuncias contra la dictadura. Incluso el embajador, general Leandro Enrique Anaya tenía autorización para utilizar su pistola Smith Wesson calibre 38, también su secretario Jorge Vigano, y el consejero económico y comercial, Carlos Vailatin como también el cónsul Luis Vila Ayres, tenían permiso de portar armas.

Todos ellos y otros militares que llegaban permanentemente desde Argentina montaron en el lugar un servicio de espionaje con sede principal en la embajada de Madrid y sucursales en consulados como los de Barcelona, Bilbao y Cádiz.

Bajo la excusa de realizar cursos de formación en instalaciones del ejército y la marina española existen una cantidad importante de nombres en los documentos encontrados que demuestran este paso de militares de la dictadura en escuelas militares , incluyendo las del Estado Mayor del Ejército en Madrid. Uno de los casos citados es de septiembre de 1977 cuando el jefe de la Policía Federal argentina Edmundo René Ojeda, hizo llegar al gobierno español el plan anual de becas de ese cuerpo, que en Argentina era parte activa de la represión y se las ofrecía para la Guardia Civil y la Policía de España.

El 25 de noviembre de 1977, el ministerio de Exteriores español a cargo de Marcelino Oreja confirmó que un oficial de la Guardia Civil y otro de la Policía Armada estudiarían en Argentina. En concreto, los efectivos elegidos realizarían el curso de explosivos, que comenzaba el 23 de octubre de 1978 y tenía una duración de diez días, en los que sus asistentes recibirían capacitación sobre el manipuleo, desarme y transporte de artefactos incendiarios y/o explosivos y la realización de pericias o informes judiciales.

De acuerdo a un documento confidencial de la Armada argentina, uno de sus marinos Osvaldo Troitiño había viajado a Europa para prestar servicios en la Agregación Naval de la embajada en Madrid, aunque utilizaría como camuflaje su participación en el curso de Estado Mayor en la Escuela de Guerra Naval de España. La lista es muy larga y esto servirá para encontrar nuevos caminos en las investigaciones sobre las coordinaciones represivas con Europa e incluso con la Organización del Atlántico Norte.