Las bancadas de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN) en el Senado cuestionaron al presidente Enrique Peña Nieto sobre los casos de Iguala y Tlatlaya y le pidieron responder qué acciones llevará a cabo su gobierno frente a los exhortos de parlamentarios europeos en relación con los homicidios y desapariciones forzadas de normalistas Ayotzinapa.

Al hacer uso del procedimiento legislativo de preguntas parlamentarias al Ejecutivo federal, los perredistas advirtieron que en organismos internacionales como las organizaciones de Naciones Unidas y de Estados Americanos, así como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se lee una acusación de complicidad del Estado por la acción directa de algunas autoridades o por inacción, pasividad y tolerancia de otras.

Es quizá, agrega el PRD, desde el seno del Parlamento Europeo, donde surge el diagnóstico más claro y la posición más enérgica, ya que se pide incluso que el acuerdo global que la Unión Europea negocia con México se suspenda hasta poder reconstruir la confianza con las autoridades mexicanas en materia de derechos humanos.

La bancada del PAN se refiere también a esa postura del Parlamento Europeo, en especial a la carta que eurodiputados hicieron llegar al presidente Peña Nieto, en la cual señalan que los hechos de Iguala son sólo el último de una larga lista de delitos que han quedado en total impunidad y demandan que no se dé ningún paso adicional en relación con los acuerdos comerciales antes de que la situación de los derechos humanos haya mejorado de forma significativa en el país.

Los panistas preguntan qué acciones puntuales está realizando o realizará el gobierno mexicano en el exterior, para que la imagen de nuestro país no se vea deteriorada como consecuencia de los lamentables hechos ocurridos en Ayotzinapa y Tlatlaya.

El PRD utilizó otra de las preguntas parlamentarias para pedir a Peña Nieto que informe al Senado el nombre y los grados de los militares sujetos a investigación por la ejecución extrajudicial de 22 personas, miembros de una supuesta organización criminal, en la comunidad rural de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, estado de México.

Solicitan que informe qué autoridades ministeriales conocen de la investigación o la autoridad jurisdiccional ante la cual son procesados los elementos castrenses responsables de las ejecuciones. En caso de que la autoridad sea judicial, informar la fundamentación por la que se ha omitido ponerlos a disposición de las autoridades civiles.

En otra de sus preguntas, el PRD pide que precise su el Consejo de Seguridad de la ONU ha solicitado ya al Estado mexicano que ponga a su disposición fuerzas armadas o que proporcione algún tipo de ayuda o facilidades, incluído el derecho de paso para mantener la paz y seguridadad internacionales.

El PRI utilizó sus preguntas para inquirir a cada secretaría de Estado por sus avances.