La Cámara de Diputados instaló la mesa de trabajo en materia de transparencia, que elaborará una propuesta de dictamen para garantizar la rendición de cuentas y combatir la corrupción.

El grupo de trabajo se encargará de conjuntar la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto, tendiente a crear la fiscalía anticorrupción, y la del Partido Acción Nacional, que pretende impulsar un sistema nacional anticorrupción.

La mesa de trabajo que encabezará el priísta Ricardo Pacheco tendrá por objeto estudiar los temas de rendición de cuentas y anticorrupción, que permitirían al Estado mexicano hacerse de herramientas suficientes para combatir ese flagelo en el terreno del quehacer gubernamental.

El diputado Pachecho, quien también encabeza la Comisión de Justicia en San Lázaro, adelantó que las decisiones en la mesa de trabajo se asumirán por acuerdo, y se seguirá un cronograma para cumplir tareas específicas.

Para el panista Marcos Aguilar Vega su partido propone impulsar un sistema nacional anticorrupción mediante una iniciativa que presentará en breve ante el pleno cameral, que ésta se integre al análisis del grupo de trabajo; la creación de esa mesa tiene relevancia porque podría recobrar las iniciativas que se encuentran archivadas en el Congreso en materia anticorrupción y podrían aportar mayores argumentos y solidez al proyecto que surja en las próximas semanas.

Aguilar Vega, quien preside la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, expuso que en la mesa de trabajo estarán representadas todas las fuerzas políticas que integran la Cámara de Diputados y ahí se escucharán las opiniones del sector privado, social y académico para enriquecer la temática de lucha contra la corrupción.

Si logramos la aprobación de todos los partidos políticos, antes de que concluya este periodo en el Congreso de la Unión, la iniciativa habrá cumplido con la encomienda de crear una reforma en esta materia, para enfrentar lo que es la base de los problemas que existen en el país.

La propuesta de los panistas pretende retirar a la Secretaría de la Función Pública la facultad de sanción que, desde su origen, en 1982, se le otorgó haciéndola juez y parte. Lo que buscamos es que se traslade junto con el tribunal federal de cuentas a un mismo modelo, y también coinciden en esto todos los partidos políticos para que sea replicado en el ámbito de los estados de la República.