El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no solicitará recursos federales adicionales para mejorar su situación financiera. Primero se habrá de garantizar a los derechohabientes que el dinero disponible se gasta mejor y con eficiencia, aseguró el director del organismo, José Antonio González Anaya.

Al comparecer ante la Comisión de Seguridad Social del Senado, el funcionario planteó que con la reducción del déficit se busca dar a la institución una situación financiera más sólida, a partir de la cual en el futuro se puedan tomar nuevas decisiones, de mayor alcance y envergadura.

Luego de la realización de la asamblea del IMSS –la semana pasada–, a la cual asistieron varios senadores, el de ayer fue un encuentro terso. Algunos legisladores incluso felicitaron al funcionario por los avances alcanzados en el organismo, que hasta hace poco se encontraba en condición crítica.

Carlos Mendoza (PAN) y Fernando Mayans (PRD), este último presidente de la Comisión de Seguridad Social, comentaron sobre el tema.

Mayans cuestionó el motivo del desistimiento del Seguro Social de solicitar modificaciones legales para aumentar la aportación del gobierno federal para solventar los gastos médicos de pensionados y estudiantes, así como la atención de seis enfermedades de alto costo.

Recordó que el gobierno anterior planteó la posibilidad de modificar la ley, a fin de concretar el rebalanceo de las primas de los seguros y aprovechar el superávit que reportan los de riesgos de trabajo e invalidez y vida.

El director del IMSS insistió en que además de un gasto eficiente, la meta es mejorar la calidad de los servicios del organismo. Al mismo tiempo, apuntó, se busca que todos los actores involucrados en el organismo: gobierno, trabajadores y empresas, cumplan con sus obligaciones.

En el ámbito de los servicios de salud, González Anaya resaltó que hay algunos logros. En 10 años se redujo 17 por ciento la mortalidad por cáncer de mama y 60 por ciento por cérvico uterino. Esto ha significado, subrayó, evitar 27 mil fallecimientos de mujeres en ese periodo.

Al respecto, la senadora Maki Esther Ortiz Domínguez cuestionó que a pesar de que la norma oficial mexicana (NOM) sobre prevención y control de cáncer de mama dispone que los estudios de mastografía se realicen a las pacientes partir de los 40 años, en el IMSS se hacen después de los 50. González Anaya dijo que se están haciendo esfuerzos para que a las derechohabientes con antecedentes familiares del tumor maligno se les pueda realizar la prueba a edades más tempranas. Aun así, dijo, al año se realizan un millón 100 mil estudios de este tipo, apuntó.

Ortiz Domínguez también preguntó por el expediente clínico electrónico (ECE) y las causas por las cuales no se ha logrado aplicar en la institución, a pesar de que se invirtieron 400 millones de pesos. González Anaya explicó que más de 95 por ciento de las unidades de medicina familiar cuentan con el ECE, pero menos de la mitad de los hospitales generales y 60 por ciento de las unidades de tercer nivel de atención.

Reconoció que no se ha logrado la conectividad entre los tres niveles, pero ya se cuenta con un nuevo modelo para concretarla en el corto plazo y sin necesidad de mayores inversiones.

Arquímedes Oramas (PRI) y Maki Esther Ortiz le preguntaron su opinión sobre el proyecto del sistema universal de salud. En su respuesta, González Anaya insistió en que el sector debe construir sobre las instituciones existentes y trabajar en la homologación de los servicios, además de ponerles precio, para garantizar que cuando se otorgue servicio médico a pacientes de otras instituciones esté garantizado el pago correspondiente.

Es un principio simple, apuntó el funcionario, pero a la hora de ponerlo en marcha se vuelve complejo. Si hay intercambio de tratamientos también debe haber de flujos financieros, concluyó.