México vive la mayor crisis en términos humanitarios y de garantías fundamentales de las últimas cuatro décadas”, afirmó Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).

En conversación con algunos medios, señaló que ha sido evidente que en los dos años del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se ha establecido una narrativa de que México va en una transición de mayor vigencia de los derechos humanos, pero la realidad confronta totalmente ese discurso. Mencionó que en el caso de los estudiantes de Ayotzinapa asesinados y los 43 desaparecidos, el gobierno federal intervino una semana después, y eso por las presiones internacionales.

Acompañado por sus colaboradores Anallely Álvarez, Simón Hernández y Stephanie Erin Brewer, Patrón informó que es en este contexto que el Prodh, el Frente en Defensa de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional y otras organizaciones defensoras de las garantías individuales solicitaron audiencias en el 153 periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a efectuarse en Washington, para que el Estado mexicano rinda cuentas en sendas audiencias sobre guerra sucia, desaparición forzada y ejecuciones en los años 70 y 80, derechos humanos, protesta social en México y detención de migrantes. Las tres se llevarán a cabo el jueves 30 de octubre.

Previamente, el miércoles 29 se efectuará una reunión de trabajo sobre Ayotzinapa, dado que tanto el Prodh como el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan y el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón solicitaron medidas cautelares ante la CIDH por a la ejecución de tres normalistas y la desaparición forzada de 43. Dichas medidas cautelares, explicó, fueron otorgadas de manera oficiosa en un procedimiento excepcional, justo por la gravedad y urgencia de la situación.

A partir de dichas medidas cautelares se requirió al Estado mexicano un plan de búsqueda en vida, líneas de investigación que tengan que ver con el contubernio de las autoridades coludidas con el crimen organizado y todo lo que tiene que ver con la certeza técnica de la investigación, con la intervención del equipo argentino de antropología forense. En concreto, el Estado mexicano deberá rendir cuentas de los esfuerzos que ha hecho para encontrar con vida a los 43 estudiantes de la normal.

En relación con el eje temático de la guerra sucia, el argumento principal de las organizaciones de derechos humanos y de víctimas que solicitaron la audiencia es que como México no se hizo cargo de la justicia, de la verdad y la memoria en los casos del pasado, no se generaron las reformas estructurales necesarias que evitaran la impunidad que hoy se vive. Desde nuestra perspectiva, hay un nexo casual de no atender la memoria y la justicia del pasado con las graves violaciones a los derechos humanos que hoy estamos viviendo, enfatizó Patrón.

Otra de las audiencias está vinculada con el tema de la protesta social y el derecho a la libre manifestación y expresión de las ideas, porque el Estado mexicano no está garantizando la libertad de expresión y hay una tendencia a generar marcos jurídicos que sean restrictivos a la libertad de expresión, como las leyes de Movilidad en el DF, del Halconeo y Borge en Quintana Roo, y la ley bala en Puebla, que dan más facultades a las policías para el uso de la fuerza en contextos de protesta, manifestó Álvarez.