Las seis comisiones del Senado que aprobaron por unanimidad la ley sobre derechos de niños y adolescentes revisarán en detalle los cambios que hicieron los diputados a la minuta, con el propósito de impedir que se echen abajo garantías fundamentales que tienen que ver con sexualidad de los menores, informó la perredista Angélica de la Peña.

Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, lamentó que los diputados hayan cedido a las presiones de la ultraderecha, que sigue escribiendo su pensamiento fundamentalista como si viviéramos en un régimen religioso.

Consideró que si se sigue por ese camino van a terminar legislando para que la mujer esté obligada a usar burka y sólo pueda salir a la calle acompañada por un hombre.

Por separado, el senador panista José María Martínez, el único que en el Senado se opuso a esa reforma –aseguró que abre la puerta a la legalización del aborto–, ayer festinó las modificaciones a la minuta que votaron los diputados.

Respaldó que en San Lázaro se haya establecido que los derechos sexuales son un concepto que aún se encuentra en construcción, que no tiene definido su alcance ni contenido, ya que esos derechos reproductivos abarcan la decisión sobre el número de hijos y el acceso a los métodos anticonceptivos.

José María Martínez, quien preside la Comisión para la Familia y el Desarrollo, provocó controversia al sostener que desde ese organismo frenaría el aborto y el matrimonio entre homosexuales; ayer respaldó los cambios hechos por los diputados al artículo 57 de la minuta para proteger a los menores, en el que se señala que padres o tutores tendrán derecho a intervenir en la educación que habrá de darse a niños y adolescentes.

En entrevista por separado, la senadora De la Peña dijo que le preocupa que se dejen los derechos de la niñez como si fueran servicios. Lo que debe prevalecer, explicó, es que los menores son sujetos de derechos que sólo el Estado puede garantizar.

Son derechos, insistió, para que puedan ejercer su sexualidad de manera informada. “El aumento de embarazos entre adolescentes en nuestro país es verdaderamente dramático, y las enfermedades de transmisión sexual son un problema grave de salud pública que podría disminuir o evitarse si los menores estuvieran informados.