ivimos, sin la menor duda, en una etapa desafortunada. Domina la sensación de que las autoridades han perdido el control del país y que no pueden hacer nada para impedir los permanentes actos de violencia que se producen. Las acusaciones en contra de funcionarios de todos los niveles, con pedimentos de destitución o, inclusive, de procesos, son la nota común.

Tácitamente se produce un problema de desánimo que se alimenta fácilmente de la lectura de los periódicos, de la falta de confianza en los organismos de derechos humanos y de manera particular en la incapacidad de investigación de las diversas autoridades policiacas lo que, por otra parte, no es precisamente raro.

Hay, de hecho, un enfrentamiento entre los poderes ejecutivos y los legislativos, lo que implica, inclusive, al Parlamento Europeo, que precisamente en la fecha en que escribo esta nota, deberá votar una resolución que condene firmemente las inaceptables desapariciones forzadas y los crímenes en Iguala y piden a las autoridades mexicanas que investiguen todos los delitos, en particular el hallazgo de los 28 (sic) cuerpos en fosas clandestinas ( La Jornada, 23 de octubre, p. 13).

Es evidente, por otra parte, que se está produciendo una notable crítica a los partidos políticos, a los que se atribuyen responsabilidades con la evidente intención de influir en las elecciones próximas. En todo caso no se ponen en duda sus actuaciones actuales sino que se presume lo que podría ser el futuro si los partidos dominantes, estatales y federales, continúan en el ejercicio del poder.

En resumen, se produce una especie de conflicto entre dos valores fundamentales para la estabilidad política: la seguridad y la confianza. Hoy no es fácil que se intenten vacaciones en Acapulco, porque se estima que Guerrero es un estado en permanente incertidumbre o que se puede considerar que las policías estatales no son capaces de impedir actos ilícitos. Ciertamente la idea misma del Estado como encargado de velar por la tranquilidad de todos los habitantes del país está en plena tela de juicio.

La más notable del asunto se encuentra en el hecho mismo de la violencia que rompe con la supuesta conducta armoniosa de nuestro país. Hoy vivimos en ascuas.

Lo que más duele es la condición de las víctimas de los hechos, jóvenes estudiantes, esperanzas de sus familias para un futuro mejor y en un tema de educación que resulta fundamental, en el que siempre se suscitan conflictos por las diferentes maneras de asumir esa principal responsabilidad del gobierno, que es evidente, históricamente se ha colocado como organismo represor capaz de violar cualquier garantía, tal cual se desprende de los hechos sucedidos el 2 de octubre de 1968.

Ante la falta de solución del problema, la tendencia general va en contra no de los autores de los hechos, sino de quienes tenían no sólo la responsabilidad de que no se produjeran o, por lo menos, de descubrir sus orígenes. Se llega necesariamente a la conclusión de que ese personaje, el señor Estado, no cumple con las funciones que le corresponden.

Cabe pensar, en verdad, que se trate de un caso de autocrítica que lleva a la conclusión de que la culpa integral es del propio Estado, por lo que difícilmente aceptaría reconocerlo. La lamentable conclusión es que no tenemos remedio. Lo malo está en las alternativas.