El grupo plural de diputados encargados de coadyuvar en la investigación de los hechos ocurridos en Tlatlaya, estado de México, solicitará a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) un informe exhaustivo acerca de las comunicaciones establecidas con distintos gobiernos, representaciones diplomáticas y organizaciones defensoras de los derechos humanos con motivo de aquel suceso.

El grupo encabezado por la perredista Elena Tapia Fonllem se reunirá el jueves próximo para trazar el plan de trabajo de las siguientes semanas. El procesamiento de la información se efectuará con la más estricta confidencialidad, para la cual podrán firmarse los acuerdos necesarios, en su caso.

Sus integrantes –Ricardo Pacheco (PAN), Alberto Díaz (PRD), Zuleyma Huidobro (MC), Loretta Ortiz (PT), René Fujiwara (Panal) y Ernesto Núñez (PVEM); la priísta Miriam Cárdenas se encuentra de licencia porque concursa por la titularidad de la CNDH– participarán como coadyuvantes en el esclarecimiento de los hechos ocurridos en el municipio mexiquense el 30 de junio pasado y de la actuación de las autoridades en el caso con una perspectiva independiente, profesional, incluyente, transparente, con apego a los más altos estándares de derechos humanos.

Entre los temas específicos del plan de trabajo se encuentran coadyuvar en la investigación de actos posiblemente constitutivos de violaciones a los derechos humanos y para aclarar los hechos, aplicar la justicia y reparar el daño a las víctimas.

Los diputados se allegarán la información documental de la Procuraduría General de la República (PGR), de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Además de solicitar a la SRE un informe pormenorizado sobre la comunicación que estableció con gobiernos de otros países y organismos defensores de derechos humanos, pedirán datos sobre la investigación de oficio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Entre las actividades de coadyuvancia en la investigación que realizará el grupo de trabajo se encuentran: realizar visitas al lugar de los hechos en la comunidad de San Pedro Limón y entrevistas al personal militar involucrado en los sucesos.

De igual manera, solicitarán entrevistas con los peritos forenses o médicos que realizaron las primeras autopsias y al personal que atendió al soldado herido durante la refriega.

También, invitar con pleno respeto a los derechos que derivan del ejercicio del periodismo y la libertad de expresión, a reuniones privadas a las y los periodistas que han dado a conocer las versiones de los hechos en la prensa nacional e internacional.

Entre las tareas que habrán de proponerse a la mesa directiva de la Cámara de Diputados es solicitar a la Oficina del Alto Comisionado de las Nacionales Unidas para los Derechos Humanos, al relator especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) establecer comunicación y cooperación.

Se convocará a las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a los temas de justicia y derechos humanos para que acompañen, en calidad de observadores, las actividades públicas del grupo de trabajo en la Cámara de Diputados.

La celebración de reuniones con el titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos Zepeda, y con mandos militares, será prioridad, a fin de esclarecer las circunstancias en que se dieron los hechos, así como para verificar los protocolos y la cadena de mando en los sucesos.

Otra de las actividades que se planteará a los legisladores será celebrar audiencias, por separado, con las víctimas y sus familiares, así como con testigos, vecinos de la zona y colectivos que defienden a los imputados, para recibir sus testimonios y propuestas. Las audiencias podrán ser privadas si así lo determina el grupo de trabajo.