La solicitud de consulta popular presentada por el Partido Acción Nacional (PAN), referente a fijar un nuevo salario mínimo que cubra todas las necesidades de una familia es procedente, pero la pregunta debe ser reformulada para que cumpla con lo establecido en la ley y pueda ser planteada en los comicios federales del año próximo.

Establece lo anterior el proyecto de dictamen elaborado por el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) José Ramón Cossío, que será discutido hoy por los magistrados y que propone que la pregunta a analizar sea: ¿Estás de acuerdo en que se fije un nuevo salario mínimo que resulte suficiente para que una familia adquiera los bienes y servicios requeridos para cubrir sus necesidades alimentarias y no alimentarias?

La propuesta de Cossío no es compartida por algunos de sus compañeros, quienes consideran que, de entrada, la consulta planteada por el PAN es improcedente, porque involucra derechos previstos en la Constitución, dijeron funcionarios consultados.

Además, fuentes judiciales señalaron que uno de los temas centrales de la discusión de este miércoles será el marco legal de las consultas populares, el cual contiene muchas lagunas que hacen prácticamente inoperante y poco efectivo este ejercicio.

Trascendió que algunos ministros piensan que ni la reforma constitucional ni la legal establecieron mecanismos para garantizar que el resultado de una consulta pueda llevarse a la práctica y que, en todo caso, el costo político será para la Corte y no para el Congreso, que aprobó el marco legal, si es que desecha las consultas planteadas por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) sobre la reforma energética, por el PAN sobre salarios mínimos y el Revolucionario Institucional (PRI) para reducir el número de diputados y senadores plurinominales.

Los entrevistados explicaron que ni la Constitución ni la ley en la materia precisan de qué manera se llevarían a la práctica los efectos de una consulta popular. ¿Qué obligaría al legislador a aprobar una reforma legal o dónde se establece el mandato para que los congresos locales avalen una reforma constitucional?

Por otra parte, la ministra Margarita Luna Ramos, encargada de elaborar el proyecto de dictamen sobre la solicitud del PRD, agregó un nuevo elemento para que la SCJN declare improcedente esta consulta. Ayer distribuyó un documento adicional a su proyecto, en el que señala que las consultas populares no proceden en relación con reformas constitucionales.

Luna Ramos planteó inicialmente en su proyecto –al igual que Olga Sánchez Cordero, quien propone desechar la consulta planteada por Morena– que la consulta era improcedente, porque tiene que ver con los ingresos del Estado mexicano (La Jornada, 28/10/2014), lo cual está expresamente prohibido por la ley.

El ministro Fernando Franco será el encargado de elaborar el proyecto sobre la consulta planteada por el PRI, que pretende eliminar 100 de las 200 diputaciones federales y las 32 senadurías plurinominales. La Corte tiene 20 días naturales para resolverla.