Tras una reunión de cinco horas en Los Pinos con familiares de los 43 normalistas desaparecidos, el presidente Enrique Peña Nieto firmó un documento de diez compromisos donde el primero se refiere a fortalecer los esfuerzos para su localización con un ‘‘renovado plan de búsqueda’’. Asimismo, se integrará una comisión mixta de seguimiento e información en la cual, además de la Secretaría de Gobernación y de la Procuraduría General de la República, participarán las madres y padres de los desaparecidos –y quienes éstos decidan– para mantenerlos cotidianamente informados del curso de las investigaciones.

Esto se decidió, dijo Peña, ante la ‘‘inquietud y preocupación’’ de los familiares por las especulaciones e información diversa que ha surgido, y la necesidad de tener un espacio de ‘‘encuentro permanente que permita informarles de manera oportuna y veraz del curso de las investigaciones y evitar cualquier tipo de especulación’’.

Peña presentó en un mensaje varios de los acuerdos alcanzados. Insistió en que en los hechos ocurridos en Iguala entre el 26 y 27 de septiembre ‘‘no cabe el mínimo resquicio para la impunidad’’.

Diez minutos antes de las 13 horas, escoltados por patrullas y motocicletas de la Policía Federal, los familiares, abogados, estudiantes de Ayotzinapa y representantes de organizaciones civiles llegaron a la cita. Pese a la exigencia de no tener registro gráfico de la reunión, Presidencia distribuyó después de las 11 de la noche fotografías de diversos momentos del encuentro, el cual se inició casi a las 2 de la tarde.

Pasadas las 9 de la noche, el Presidente salió al salón López Mateos, mientras por otra puerta los familiares se retiraron. Se llevaban la promesa presidencial de dar atención integral y apoyo a los deudos de los seis fallecidos y también de los lesionados. Además, un programa para dignificar a las normales rurales, reconociendo que son espacios para formar a los docentes que educan a la niñez.

Enseguida, el documento oficial de los acuerdos alcanzados:

‘‘En la ciudad de México, Distrito Federal, a 29 de octubre de 2014, en el salón Manuel Ávila Camacho de la residencia oficial de Los Pinos, se reunieron el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Enrique Peña Nieto; el Secretario de Gobernación, Licenciado Miguel Ángel Osorio Chong; el Procurador General de la República, Licenciado Jesús Murillo Karam; el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, Licenciado Humberto Castillejos Cervantes; Maestro Aurelio Nuño Mayer, Jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, y los padres de las personas desaparecidas, privadas de la vida y lesionadas en los hechos ocurridos en la Ciudad de Iguala, Guerrero, los días 26 y 27 de septiembre del año en curso, se adoptaron los siguientes:

ACUERDOS

Primero. El Gobierno de la República profundizará y, en su caso, rediseñará el Plan de Búsqueda que la Secretaría de Gobernación presentó a padres de familia, estudiantes, abogados y representantes de organizaciones civiles, en relación con los hechos referidos, y que detalla las acciones realizadas y la estrategia que seguirán las distintas dependencias del Ejecutivo Federal para la búsqueda y localización de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. El objeto es intensificar dichas acciones, y en especial, centrarlas en la búsqueda con vida a las personas desaparecidas, lo anterior, con independencia de continuar con las líneas de investigación que se realizan por la Procuraduría General de la República en relación con dichos hechos.

Segundo. Se establecerá una Comisión Mixta de seguimiento e información integrado por personal a cargo de la investigación dentro de la Procuraduría General de la República, y de la Secretaría de Gobernación, a fin de establecer mecanismos ágiles para proporcionar toda la información necesaria a padres de familia, estudiantes, abogados y representantes de organizaciones civiles, con el objeto de respetar su derecho de coadyuvar en la investigación que se realiza por los hechos. Ninguna dependencia del Gobierno Federal dará información a la prensa sobre el avance de la búsqueda y de la investigación, sin notificar previamente a esta Comisión de seguimiento e información, por conducto, de la persona que para este efecto se designe.

Tercero. El Gobierno de la República, y en especial, la Procuraduría General de la República, continuará brindando todas las facilidades y apoyos al equipo argentino de antropología forense, habilitados ya en la investigación como peritos, para que puedan ejercer con prontitud, seguridad y certeza el proceso de identificación de todos los hallazgos que requieran pericial en la materia de especialidad de dicho equipo. Se hace constar que al momento cuentan con el apoyo de una escolta que les proporciona seguridad y de un helicóptero para su pronto traslado, apoyos que continuarán y, de ser necesarios, a petición de dicho equipo se ampliarán.

Cuarto. El Gobierno de la República reconoce a los integrantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos como un comunidad estudiantil que se encuentra agraviada por los hechos ocurridos los días 26 y 27 de septiembre del año en curso, y en esa medida, como se ha venido haciendo hasta ahora se le respetarán todos sus derechos humanos, su honra y su reputación. Asimismo, se velará por el cumplimiento del artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, en relación a las personas que pueden tener acceso a la averiguación previa, para garantizar su secrecía en términos ley.

Quinto. La PGR se compromete a garantizar el debido proceso en el marco de las leyes aplicables, así como a continuar facilitando la coadyuvancia de las personas que en la averiguación previa tienen reconocida dicha calidad. En esa calidad, se obtendrán y entregarán copias de los procesos penales seguidos ante los jueces competentes con motivo de los hechos referidos en esta minuta. Asimismo, se realizará una reunión con los representantes de la coadyuvancia, para analizar si hay necesidad de atraer investigaciones que realice la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, a fin de evitar una doble investigación sobre los hechos, siempre y cuando dicha atracción sea jurídicamente procedente en términos ley. La Procuraduría continuará realizando todas las acciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos y la búsqueda y detención de aquellas personas que conforme a la investigación se encuentren involucradas y cuyas órdenes de detención en caso urgente, arraigo, aprehensión o cualquier otra se encuentre vigente y que justifique la restricción de la libertad personal.

Sexto. En el ámbito de su competencia, la Procuraduría General de la República y las dependencias del Ejecutivo Federal, se comprometen a investigar las posibles conductas cometidas por cualquier persona en relación con los hechos materia de esta minuta, para evitar cualquier tipo de impunidad.

De igual forma se integrará un grupo de trabajo con la Procuraduría General de la República para analizar los casos planteados durante la reunión respecto de los hechos ocurridos el día 12 de diciembre de 2011.

Séptimo. El Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Gobernación, ha presentado un Plan de Atención Victimal en relación a los hechos materia de esta minuta, y los representantes de las víctimas han acordado que la próxima semana darán respuesta a dicho Plan.

Con independencia de lo anterior, el Gobierno de la República, en los términos de lo dispuesto en la Constitución, los Tratados Internacionales y la Ley General de Víctimas, se compromete a la reparación integral del daño respecto de las víctimas u ofendidos de las personas fallecidas en los hechos.

Octavo. El Gobierno de la República, en los términos de lo dispuesto en la Constitución, los Tratados Internacionales y la Ley General de Víctimas, se compromete a continuar con la prestación de toda la atención médica que sea necesaria hasta el total restablecimiento de las personas que resultaron lesionadas por los hechos materia de esta minuta, en especial, los estudiantes Edgar Andrés Vargas y Aldo Gutiérrez Solano.

Noveno. El Gobierno de la República se compromete a realizar un programa de redignificación de la infraestructura y los espacios de las Escuelas Normales Rurales del país, para lo cual se establecerá una mesa de trabajo con representación de dichas instituciones educativas, que definirá un programa para la atención integral de dichas escuelas a fin de que proporcionen educación de calidad en los términos de la Constitución. Dicha mesa de trabajo estará integrada por parte del Gobierno Federal por las Secretarías de Gobernación y Educación.

Décimo. En relación a la asistencia técnica que el Estado Mexicano y los peticionarios de las medidas cautelares solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para la investigación de los hechos ocurridos los días 26 y 27 de septiembre del presente año, así como para la búsqueda de las personas desaparecidas por esos hechos, se acordó instruir a las dependencias que participarán en la reunión de trabajo ante dicha Comisión Interamericana el día de mañana, para que se agilice el convenio que materialice dicha asistencia técnica, en los términos que se acuerde entre los peticionarios de las medidas cautelares y el Gobierno Federal ante la citada Comisión. Se reitera el compromiso de recibir la asistencia técnica en relación a los hechos referidos en este párrafo.