Tres de los ocho militares detenidos por el caso Tlatlaya pidieron el amparo y la protección de la justicia federal contra el auto de formal prisión que enfrentan por el homicidio de 22 presuntos delincuentes.

A decir de fuentes del Poder Judicial de la Federación, los tres soldados consideraron que la decisión de un juez de procesarlos viola en su perjuicio los artículos 14 y 16 de la Constitución.

Hace tres semanas la PGR ejerció acción penal contra los militares por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio doloso, lo que no permite la libertad provisional bajo fianza.

La PGR imputa a tres militares el homicidio de 22 presuntos secuestradores, y a otros cinco, entre ellos un teniente, el delito de encubrimiento.

El juicio de garantías es un recurso de defensa al que tiene derecho cualquier procesado que considere que es injustamente sometido a juicio penal, y en este caso específico, los abogados de los militares alegan que los presuntos secuestradores sí murieron en un enfrentamiento.

La PGR mantiene abierta la averiguación previa por ese caso con el fin de deslindar las responsabilidades correspondientes.