La ministra Margarita Luna Ramos confirmó a la dirigencia nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y a sus grupos parlamentarios en el Congreso que propondrá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechar la solicitud de realizar una consulta popular sobre la reforma en materia energética, lo que, en conclusión de ese partido, anula la enmienda del 35 de la Constitución que regula la opinión ciudadana sobre los grandes temas nacionales.

El coordinador de los diputados federales del PRD, Miguel Alonso Raya, refirió que en la reunión que sostuvieron ayer con Luna Ramos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra les explicó que la consulta solicitada por el PRD atentaría contra el contenido de la Constitución y afectaría el interés del Constituyente Permanente.

Esta actitud no sólo sepulta las preguntas que han presentado los tres principales partidos como ya ocurrió ayer con la del Partido Acción Nacional (PAN), sino a las consultas en general, porque para la Corte cualquier tema de trascendencia nacional (el único requisito general para una consulta), afectaría a la Constitución y ninguna solicitud prosperará, explicó.

Resaltó que el PRD no se quedará cruzado de brazos, sino que acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al Tribunal Internacional de La Haya, cuyas resoluciones son obligatorias para México. Además, vamos a preparar todo para que la consulta se haga. Es necesario que la ciudadanía se exprese, dijo.

El rumbo que han tomado los ministros, indicó, deviene en una Corte totalmente insensible a la crisis que vive el país; demuestra que está vinculada al viejo régimen autoritario y que está sometida al Ejecutivo, doblegándose a la presión de Los Pinos y anulándose, en la práctica, como uno de los tres poderes de la Unión.

También el coordinador de los senadores perredistas, Miguel Barbosa, refirió que en el documento que Luna Ramos les pidió consultar en Internet, se anticipa que no procede la consulta popular para revertir la reforma constitucional en materia energética.

Y ya desde ahí se cancela toda posibilidad de llevar a cabo una consulta sobre la reforma energética en todos sus ámbitos, el constitucional y de ahí deriva el de las leyes secundarias. También, que por tratarse de ingresos, no procede, dijo.

El PRD, señaló, no comparte esa posición de Luna Ramos. En la estructura de la Constitución, el artículo primero define con amplitud el concepto de derechos humanos y es derecho fundamental consultar a los ciudadanos en ámbitos que inclusive incluyan contenidos constitucionales, explicó.

La dirigencia nacional del sol azteca entregó a la ministra una nota sobre el sistema constitucional de la consulta popular, en la cual explican que la lista de temas no sujetos a consulta se examinó de manera minuciosa para impedir soluciones efectivas, por la vía del voto popular, a fuertes contradicciones políticas.

Es decir, que las controversias que pudieran resolverse mediante consulta popular no se dieran falsamente por superadas mediante la negativa de llevar a cabo la consulta misma, detalla.

En el caso de los ingresos y gastos del Estado, que se toman como argumentos para rechazar la consulta, manifiesta que el texto constitucional no se refiere a las consecuencias que sobre los ingresos pudieran tener otras leyes o normas, puesto que aquéllos siempre serán contingentes, es decir, pueden o no hacerse efectivos y no se conocen de antemano sus cuantías.