Por la vía judicial, la Secretaría de Gobernación (SG) deberá otorgar un nuevo permiso para la apertura de hasta 30 casinos. Como mecanismo de defensa, la dependencia impuso –en los hechos– un candado: la autorización sólo es por un año de vigencia, no renovable. Esta misma disposición se adoptó ante Sabia Corporation, aunque la compañía tiene de manera alterna un documento para operar un negocio de este tipo ubicado en León, Guanajuato.

La nueva permisionaria se llama Coincidencias numéricas, representada por Armando Prida y Fredy de Los Reyes Flota, vinculados a un bloque ya existente de casineros, acorde con datos internos de Gobernación.

Sin embargo, la lista actual de establecimientos podría reducirse en breve, porque Gobernación tiene en la mira a un importante bloque de empresarios, tanto de la lista oficial de los 34 permisionarios como de los de operación ilegal, es decir, sin la venia del gobierno federal.

A uno de los permisionarios –cuya autorización tiene origen en 1997, con vigencia de 38 años– se le detectó el uso de una autorización municipal falsa, documento indispensable para operar un casino, indicaron fuentes de Gobernación.

En cuanto a los ilegales, información oficial a la que tuvo acceso este diario indica que de un rango de 80 establecimientos de este tipo, detectados al inicio del actual sexenio, está pendiente la clausura de cinco locales, los cuales operan sin ningún tipo de documentación local o federal.

No obstante, indica el reporte, los empresarios tienen halcones que avisan cuando se acercan los inspectores de Gobernación y de inmediato bajan la cortina; los cinco están ubicados en pueblos pequeños y comunidades muy aisladas.

De la lista original de 80 casinos clandestinos, Gobernación detectó al menos tres cuyas actividades estaban relacionadas con el crimen organizado. Los negocios estaban ubicados en Morelos y Veracruz, uno en cada entidad.

En este contexto fue elaborado el proyecto para crear una nueva Ley Federal de Juegos y Sorteos (la vigente es de 1947). El plan de Gobernación de diputados que participaron en su redacción era presentarla al inicio de este mes; diversos factores frenaron el avance, pese a que el documento base ya está listo.

Precisamente uno de los motivos en contra de la citada ley es el cabildeo de los grupos empresariales del sector, los cuales pugnan para que la nueva norma no sea rígida; pretenden que no se disminuya la vigencia de los permisos.

El proyecto indica que el plazo máximo de autorización será por 10 años y que habrá que tramitar un permiso para cada casino y no, como ocurre ahora, que un documento es una suerte de abanico para dar cabida a la apertura de decenas de casinos.