La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó allanarse a los cambios que hará el Senado a la minuta de la Ley de Ingresos y admitir la caída a 79 dólares del precio por barril de petróleo, dos menos que lo dispuesto en San Lázaro, y aprobarla para que sea turnada de inmediato al jefe del Ejecutivo federal.

La decisión se tomó porque la Cámara de Diputados sólo podrá aceptar los cambios o rechazarlos, pero en la segunda alternativa implicaría dejar sin definir una de las principales variables económicas para 2015.

Miguel Alonso Raya, coordinador del PRD, informó que el acuerdo consiste en recibir la minuta directamente en el pleno, sin que pase por la Comisión de Hacienda, para enviar el proyecto de decreto al Ejecutivo federal antes del límite constitucional del 31 de octubre.

Asimismo, el vicecoordinador perredista Carol Antonio Altamirano señaló que el ajuste de dos dólares a la baja en el precio estimado del barril de petróleo debe ser asumido por el gobierno federal, con el recorte en áreas no sustantivas, para evitar que la caída de 8 mil millones de pesos en los egresos y, en consecuencia, en el gasto público, afecte el gasto de inversión, en educación, salud y programas sociales, principalmente.

Sostuvo que la decisión del Senado de bajar de 81 a 79 dólares el precio de la mezcla mexicana de exportación afectará la recaudación federal participable, en perjuicio de los gobiernos de los estados.

Lo procedente, consideró, sería hacer un ajuste de 8 mil 200 millones de pesos en el gasto, equivalente al monto que se perderá por el ajuste, pero sin afectar al gasto federalizado ni disminuir los proyectos de impacto regional.

Por ejemplo, mencionó, se pueden reducir los gastos no prioritarios que corresponden a la alta burocracia. En un año en que caerán los ingresos petroleros, agregó, es al menos dudoso que existan áreas con incrementos notorios, especialmente en la Secretaría de Desarrollo Social.

Refirió que a la dirección general de Participación de dicha secretaría se le quieren asignar mil 506 millones de pesos más, y a la dirección de Desarrollo Comunitario, 518 millones adicionales. Se trata de oficinas que trabajan esencialmente con promotores, esto es, son de carácter clientelar, cuestionó.

Además, dijo, existen proyecciones sobrestimadas, como los adeudos de ejercicios anteriores, con un monto de 30 mil millones de pesos, el doble de lo autorizado para 2014; lo mismo que un sobrecálculo en la tasa de interés para el pago de la deuda, que puede ajustarse y liberar recursos.