Cuatro nombramientos propuestos por Lorenzo Córdova –consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE)– prosperaron con el respaldo de nueve consejeros y la inconformidad de otros dos por considerar que hubo reparto de cuotas a cuates y falta de diálogo.

A partir del 16 de noviembre se incorporará Bogart Montiel Reyna en la Dirección Ejecutiva de Administración, mientras el primero de noviembre llega Patricio Ballados Villagómez como director de Prerrogativas y Partidos Políticos. En la misma fecha se suman en dos áreas nuevas Carlos Alberto Ferrer Silva, quien encabezará la Unidad Técnica de lo Contencioso, y Olga Alicia Castro Ramírez, en la Unidad de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (Oples).

Ayer, en la sesión del Consejo General, Córdova intentó justificar su decisión señalando que las nuevas funciones del INE requieren transformaciones administrativas de gran calado y nos obligan a refrescar el enfoque en la relación con la industria de la radio y la televisión, así como con los partidos políticos.

Pero el consejero Javier Santiago se declaró en contra de aplicar el esquema de cuotas para los cuates, ya que más allá del círculo de amigos y conocidos del consejero presidente, existen personas competentes para desempeñar estos cargos.

Criticó, además, el tipo de liderazgo que ejerce Córdova y expresó sus temores para tomar una decisión precipitada cuando ni siquiera hay nubarrones en el firmamento.

Pamela San Martín fue otra voz discordante al considerar que hacer cambios de esta índole conlleva riesgos que no son menores, más aún si no van precedidos de un diálogo en busca de acuerdos.

Ambas posturas se quedaron aisladas; el resto de los consejeros electorales dieron la bienvenida a las propuestas y reconocieron la voluntad de consenso demostrada por Córdova quien –resaltaron– les dio oportunidad de entrevistar previamente a los nuevos directivos.

El consejero Marco Antonio Baños defendió los nombramientos, en particular los de Ballados y de Castro Ramírez, por sus carreras en el ámbito electoral. A ambos se les vincula con dicho consejero.

Javier Santiago le replicó que no es cuestión de ser escudero del presidente e insistió que al menos hay un aroma de cuotas para los cuates de los cuates.

Cuando el tema se discutía, en el salón de sesiones había algunas sillas vacías. Ya se habían ido varios integrantes del equipo de Alfredo Ríos Camarena, el saliente director de Prerrogativas y Partidos Políticos, así como colaboradores de Román Torres Huato, el aún director ejecutivo de Administración.

Ambos funcionarios fueron llenados de elogios por sus carreras exitosas, pero debieron presentar sus renuncias y dar paso a dos funcionarios cercanos al presidente consejero.

Algunos partidos políticos expresaron críticas. Sara Castellanos, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), se preguntó por qué no hicieron los cambios antes del inicio del proceso electoral (el 7 de octubre), mientras Francisco Gárate, consejero representante del PAN, se quejó por haberse enterado de este cambio por los medios de comunicación.

Acatan pero critican al tribunal electoral por Oples

Aprobaron también el nombramiento de Verónica González Cárdenas como consejera electoral en Colima, en sustitución de María Elena Ruiz Visfocri, cuyo nombramiento revocó el tribunal electoral a raíz de la impugnación del PRI.

De nueva cuenta una mayoría votó a favor. Sólo la consejera San Martín calificó de inaceptable dicha resolución, ya que se usaron como argumentos contra Ruiz Visfocri un juicio político que no prosperó y dos averiguaciones previas no consignadas.

Coincidió en este punto Javier Santiago al plantear que no se respetó el principio de presunta inocencia.

Gárate expresó su inconformidad, porque hay cinco consejeras mujeres y dos hombres en ese órgano, cuando la equidad de género debe caminar en ambos sentidos.

En las dos sesiones, que duraron cinco horas y media, los consejeros aprobaron una batería de informes y reglamentos. Uno indica que en diciembre habrán ejercido 230 millones de pesos extras en la implementación de la reforma político-electoral. Además, acordaron que procurarán la instalación de hasta 10 casillas especiales en estados donde hay elecciones locales y federales.