os dos principales partidos de izquierda, el PRD y Morena, fueron desprovistos ayer de la posibilidad de echar abajo la reforma energética peñista mediante una consulta popular que se realizaría en julio del año próximo, en un proceso concurrente con elecciones federales y estatales. Por nueve votos contra uno (éste, el del ministro José Ramón Cossío), la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó por separado las pretensiones consultoras de esos partidos mediante la estricta aplicación de una argucia jurídica sembrada con toda oportunidad por el Poder Legislativo el año pasado, consistente en prohibir la realización de consultas populares que pudieran afectar el esquema de ingresos y gastos del Estado mexicano.

Esa condicionante negativa era ampliamente conocida por las cúpulas partidistas, que aun así decidieron apostar por la realización de las consultas (personajes identificados plenamente con el régimen declararon una y otra vez en el mismo sentido restrictivo que al final hizo valer la Corte). El PRD de inmediato anunció que recurrirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos como última instancia jurídica, pues la decisión de la Corte mexicana ya no acepta controversia en la jurisdicción nacional. Carlos Navarrete tuvo oportunidad de desmarcarse un poco del tema de Guerrero y encabezó un plantón con discursos sobre energéticos y defensa de la soberanía nacional frente a la sede de la Corte para protestar por la resolución del nueve a uno. A la hora de cerrar esta columna, la reacción más llamativa de Morena estaba en la página de Facebook de Andrés Manuel López Obrador, quien calificó a los ministros de vulgares corruptos, los remitió al juicio de la historia y puntualizó que declarar improcedente la consulta planteada por el nuevo partido es un golpe de Estado para destruir por completo el estado de derecho e instaurar un régimen corrupto y antinacional.

A la espera de lo que pudiera conseguirse en instancias internacionales (específicamente en la CIDH), el doble rechazo de ayer (aunque el tema era el mismo, la reforma energética, el PRD y Morena presentaron solicitudes por separado, con interrogantes y firmantes distintos) significa en la legalidad interna el cierre de toda posibilidad de oposición institucional a la letra de las citadas reformas que, por lo demás, avanzan a todo vapor en cuanto a compromisos jurídicos con corporaciones internacionales que en dado caso de afectación a sus intereses demandarían cuantiosas indemnizaciones y compensaciones ante tribunales extranjeros.

También se quedan esos dos partidos sin un tema en torno al cual habían construido buena parte de su estrategia política y electoral. Los ideales respecto de la propiedad de la nación sobre sus recursos energéticos desembocarían a la hora de la consulta popular junto a las boletas comiciales a depositar en las peleadas urnas del año venidero. El sol azteca pretendía mantener a Cuauhtémoc Cárdenas como ícono de esa lucha, con Los chuchos detrás. Morena ha estructurado en todo el país un rechazo a la reforma energética con enlaces estatales, distritales y delegacionales que al mismo tiempo tendrán viabilidad para ser candidatos a puestos de elección popular.

Luego de la difícil reunión en Los Pinos con familiares de los 43 desaparecidos, los seis ejecutados y los varios heridos, el aparato federal parecía estacionado en la continuidad de un libreto ciego, repitiendo la búsqueda de vivos o muertos y mostrando una férrea voluntad discursiva que contrasta con la débil realidad de los resultados. Como si nada, el secretario de Gobernación hizo saber, por ejemplo, que en años recientes hubo varias denuncias contra el ex presidente municipal de Iguala, pero las autoridades no encontraron elementos para actuar contra José Luis Abarca. El mismo Miguel Ángel Osorio Chong reconoció la gravedad del momento que se vive y que sería el peor de los que ha tenido la administración peñista que aún no cumple dos años de ejercicio.

A la hora de teclear estas líneas estaba por realizarse una conferencia de prensa a cargo del vocero de Los Pinos, Eduardo Sánchez. Por su parte, el gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, cambió en horas su postura, pues primero aseguró que él estaba dispuesto a ir como intermediario frente a enigmáticas instancias que no definió, más tarde dijo que hay indicios de que los jóvenes pudieran estar con vida y finalmente convocó a prepararse para cualquier escenario. Ortega ha sido colocado bajo la tutela de Rosario Robles, la secretaria de Desarrollo Social a la que Los Pinos designó como una suerte de comisionada al estilo practicado en otras entidades.

En Luvianos, estado de México, fueron abatidos (eufemística neohabla gubernamental) cinco civiles luego de un enfrentamiento con militares. El caso Guerrero ha quitado reflectores a la otra gran masacre sucedida durante la actual administración peñista, la de Tlatlaya, donde más de dos decenas de personas fueron ejecutadas en otro episodio con predominancia verde olivo. En la entidad mal gobernada por Eruviel Ávila hay constantes asesinatos, secuestros y agravios a la población civil, aunque mediáticamente ese desastre es poco o superficialmente difundido. Desde ayer hubo voces que exigieron dar claridad a los hechos de Luvianos, punto caliente del crimen organizado, en previsión de que continúen patrones de conducta de fuerzas gubernamentales que practican limpieza social.

Y, mientras Peña Nieto sostiene su gira a China y Australia, aunque recortándole un día (serán nueve días y no diez), ¡hasta el próximo lunes, con cuatro jóvenes (tres de ellos, hermanos y ciudadanos estadunidenses), asesinados en Matamoros, Tamaulipas, luego que desaparecieron el pasado 13 en un poblado de nombre Control durante hechos que testigos adjudicaron al grupo policiaco de élite, Hércules, formado por la presidenta municipal panista, Leticia Salazar, precandidata a gobernar esa entidad!

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