Washington.

La audiencia solicitada por el gobierno de Enrique Peña Nieto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para presentar su programa nacional en la materia se tornó en juicio a México por la desaparición de los 43 normalistas en Ayotzinapa.

Por un lado, el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, lamentó que las desapariciones forzadas sean práctica recurrente en el país, en tanto que organizaciones no gubernamentales acusaron al gobierno mexicano de omisiones en la crisis de derechos humanos que ha revelado el caso de los normalistas.

No ha habido un cambio contundente en prevenir las violaciones de derechos humanos, en combatir la impunidad. Son cambios cosméticos que no han evitado que se produzcan casos como los de Tlatlaya e Iguala, acusó Jaqueline Sáenz, coordinadora de Fundar, quien agregó: Nos impacta a todos los 43 desaparecidos, pero es una crisis de más de 22 mil desaparecidos, con una cifra negra que no se ve.

El relator para México de la CIDH, James Cavallaro, dijo que se percibe buena voluntad del gobierno federal, que contrasta fuertemente con la actuación de distintas autoridades estatales y municipales. ¿Cómo se puede superar ese desafió?

El Estado no descansará

La representación gubernamental, a cargo de la subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón, admitió que ante hechos como las 43 desapariciones nunca se puede decir que se está haciendo lo suficiente. La funcionaria basó su exposición en el programa por el que originalmente pidió México la audiencia, solicitud realizada antes de los hechos de Iguala.

Añadió que el Estado mexicano no descansará hasta encontrar a los normalistas.

Frente a las acusaciones al Ejecutivo por su responsabilidad en los casos Iguala y Tlatlaya, el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez Robledo, consideró que es falso que haya una política de violación de derechos humanos; hay desafíos inmensos, pero no hay política de Estado de violación de derechos humanos.

Hasta Washington llegaron las protestas por la desaparición de los normalistas, pues a las puertas de la sede donde se realizó la audiencia se apostaron decenas de manifestantes con las fotografías de los 43 normalistas y la consigna Vivos se los llevaron, vivos los queremos.

Dentro del recinto se guardó un minuto de silencio en memoria de los seis estudiantes asesinados durante los hechos de Iguala, previo a una audiencia en la que las organizaciones no gubernamentales demandaron a la CIDH su presencia en México para coadyuvar en el caso de los normalistas. Durante el minuto de silencio, integrantes de las organizaciones no gubernamentales levantaban pancartas que acusaban: Fue el Estado, justicia, búsqueda, verdad, nunca más.

En su momento, Álvarez Icaza reconoció en entrevista al término de la audiencia: Sin duda hay una crisis en materia de derechos humanos en México. Son hechos extraordinariamente graves y la principal preocupación es que los estudiantes aparezcan con vida.

Adelantó que ambas partes –CIDH y gobierno mexicano– evaluarían los alcances de una posible asistencia técnica del organismo para apoyar en la búsqueda de los estudiantes. En su caso, dijo, se analizaría la posibilidad de que participaran peritos de la CIDH especializados en la búsqueda de personas, pero precisó que estaban a la espera de mayor claridad de parte del gobierno mexicano.

Por separado, Gómez Robledo confió a Afp que México estaría en la mejor disposición para recibir a los expertos, pero precisó que faltan detalles por discutir.

La asistencia técnica de la CIDH para atender violaciones graves de derechos humanos no es una práctica frecuente y sólo tiene dos antecedentes: el asesinato de la abogada mexicana Digna Ochoa, en 2001, y el atentado perpetrado en Argentina contra la organización israelita AMIA, en 1994.