Adolfo Pérez Esquivel, Ken Loach, Desmond Tutu y Lobo Antunes, entre los que suscriben
Piden al gobierno español permitir que ciudadanos voten sobre su futuro político
Domingo 2 de noviembre de 2014, p. 21
Madrid.
El premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, el cineasta británico Ken Loach y el obispo sudafricano Desmond Tutu figuran entre las personalidades que firmaron un manifiesto en favor de que los catalanes puedan votar sobre su futuro
.
El texto se dio a conocer hoy en el sitio www.letcatalansvote.org, un día después de que el gobierno de Mariano Rajoy impugnara la consulta secesionista que el jefe del Ejecutivo de Cataluña, Artur Mas, quiere celebrar el 9 de noviembre en la región del noreste de España en sustitución del referendo suspendido por el Tribunal Constitucional.
Los firmantes del manifiesto, también suscrito por el escritor portugués António Lobo Antunes, destacó que una mayoría de catalanes
ha expresado su deseo de votar para decidir su futuro.
Como los precedentes de Quebec y Escocia demuestran, la mejor manera de resolver disputas internas legítimas es utilizar las herramientas de la democracia. Impedir que los catalanes voten parece contradecir los principios que inspiran las sociedades democráticas
, señala el manifiesto, refrendado también por el hispanista británico Paul Preston.
Hacemos un llamado al gobierno español y a sus instituciones, así como a sus homólogos catalanes, para que trabajen juntos para permitir que los ciudadanos de Cataluña puedan votar sobre su futuro político y, posteriormente, establecer negociaciones de buena fe basadas en el resultado
, apuntaron.
Artur Mas anunció el viernes su intención de seguir adelante con la consulta no oficial, pese a la impugnación del gobierno español ante el Tribunal Constitucional y adelantó que estudia acciones jurídicas contra el gobierno de Rajoy por abuso de poder y de derecho
.
Si el Constitucional admite a trámite el recurso del gobierno de Rajoy, lo cual se sabrá la semana próxima, la consulta catalana quedará suspendida legalmente cinco meses, mientras la Corte emite una sentencia.
Al no ser una consulta oficial, carece de censo previo –los ciudadanos tendrán que inscribirse antes– y de las medidas de supervisión y control habituales en los procesos de votación.