La desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa no es un hecho aislado, sino que se suma a una larga lista de actos represivos y constantes violaciones de los derechos humanos contra la población que vive atemorizada y, más en concreto, contra personas que protestan y se organizan, aseguró el Colectivo de Trabajadores de la Cultura.

En una carta pública firmada por intelectuales, como el filósofo italiano Antonio Negri, la escritora canadiense Naomi Klein, el ensayista italiano Sandro Mezzadra y el filósofo mexicano Enrique Dussel, se asegura que los hechos ocurridos el 26 de septiembre han generado en la ciudadanía una enorme indignación y desconfianza en las instituciones del Estado.

La ciudadanía ha salido a manifestarse masivamente en diversas ciudades del país, exigiendo la aparición de los estudiantes y castigo a los culpables. La comunidad internacional también se ha mostrado consternada por estos ignominiosos hechos y se ha manifestado en diversas ciudades del mundo (Río de Janeiro, Buenos Aires, La Paz, Los Ángeles, Berlín, Madrid, Oslo, Milán, entre otras) para sumarse a la exigencia, establece el segundo punto de la misiva.

Sin embargo, hasta el momento los estudiantes siguen desaparecidos. Las familias buscan sin descanso a sus hijos con el apoyo de miles de personas volcadas en exigir que los devuelvan con vida. Por su parte, el gobierno de Peña Nieto, más allá de un cínico e irresponsable discurso mediático en el que hace de las bandas criminales las únicas responsables de lo sucedido, no toma medidas reales para encontrar a los estudiantes, refiere el tercer punto de la carta.

El grupo de intelectuales –entre los que se incluyen los estadunidenses Michael Hardt y Mike Davis; el geógrafo ingles, David Harvey y el sociólogo John Holloway– exige, entre otras demandas: la aparición inmediata de los estudiantes con vida; que se deje de entorpecer la labor del equipo argentino de antropología forense que participa en las investigaciones para determinar la identidad de los cuerpos encontrados en las fosas comunes, y que los gobiernos de los respectivos países de quienes firman el documento tomen medidas para presionar al gobierno mexicano a regresar con vida a los estudiantes y poner fin a la violencia.