Los huecos dejados por las comisiones estatales de derechos humanos son cubiertos en muchos casos por organizaciones de la sociedad civil, que documentan y denuncian los abusos que se cometen en sus entidades, aunque hay muchas que han sido intimidadas y silenciadas, de acuerdo con información de los corresponsales de La Jornada.

Un estado donde esos colectivos han realizado una labor más destacada es Chihuahua, pues al denunciar casos relacionados con desapariciones forzadas y feminicidios han logrado sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano y obligaron al gobierno estatal a crear una fiscalía especializada en la atención de delitos contra las mujeres por razones de género.

De igual manera, organizaciones como Familia Pasta de Conchos, la Casa del Migrante de Saltillo y Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila han logrado visibilizar en ese estado diversos abusos.

En Oaxaca, la Asamblea de los Pueblos en Defensa de la Tierra y el Territorio ha denunciado irregularidades y despojos contra comunidades huaves y zapotecas del Istmo de Tehuantepec, y en Guanajuato destacan grupos de defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Otras entidades son Guerrero –sobre todo en la zona de la Montaña–, Nuevo León, Chiapas y el estado de México, con temas como migración indocumentada, asesinatos contra mujeres y desaparición forzada.

En contraposición, hay estados donde los colectivos independientes han tenido serias dificultades para desarrollar su trabajo.

Uno de ellos es Durango, donde estas organizaciones han sido desmovilizadas. Por ejemplo, la Fundación Semilla, grupo que hace tres años denunció abusos sexuales contra niños indígenas en un albergue de la capital.

De inmediato, el gobierno de la entidad retiró a dicho colectivo todas las ayudas sociales que le entregaba y pidió a empresarios que hicieran lo mismo. Aunque la organización nunca se retractó, tuvo que dejar de hablar del tema.

Otro ejemplo es Morelos, donde el actual gobierno cooptó a varias agrupaciones civiles o las dividió al incluir a unas sí y a otras no en ciertas áreas de la administración estatal.

En Tamaulipas, muchas organizaciones fueron maniatadas por la violencia y las amenazas del crimen organizado para que dejaran de asistir a familiares de personas asesinadas o desaparecidas.