uchos nos hemos preguntado ¿por qué la muerte de seis personas, entre ellas tres normalistas, y la desaparición de 43 normalistas, que siguen sin aparecer, ha provocado una indignación tan extraordinaria que no sólo ha movilizado a una parte importante de la sociedad mexicana sino que ha traspasado las fronteras nacionales? La verdad es que desde hace muchos años la población mexicana está enfrentando sucesos terribles en los que se ven involucrados no sólo la delincuencia organizada, sino muchos de los cuerpos de seguridad del Estado, políticos, las instituciones de impartición de justicia, coludidos con esa delincuencia. No es extraño escuchar a algunos analistas que caracterizan a México como un Estado fallido, o como un narcoestado. A cual peor.

Si bien la situación actual es suficientemente cruel, los sucesos vividos por el país desde hace algunos años no son menos graves, y pueden resumirse en la lapidaria cuenta de cerca de 30 mil desaparecidos, más de 80 mil muertos, en el contexto de la llamada guerra contra las drogas, iniciada en la administración de Felipe Calderón, y sigue sin cambios en la actual, sumando muertes, muchas de ellas resultado de los eufemísticamente llamados daños colaterales y que caracteriza la forma en la que muchos ciudadanos inocentes murieron sin tener nada que ver, así como otros tantos miles que debieron ser juzgados y en su caso encarcelados. Pero todos están muertos: inocentes y posibles culpables.

Ayotzinapa ha convocado, como pocas veces, a un movimiento que parece diferente, pues si bien hay, como antes, rabia y dolor, también parece más consciente. La población está convencida de que la vida no puede seguir así, es inaceptable, y que los cambios para transformar un modelo depredador, que ha concentrado la riqueza como nunca antes en muy pocas manos y extendido la pobreza en cada vez mayor cantidad de personas, depende de la fuerza de una organización ciudadana que tenga como eje romper con el pacto de impunidad basado en la corrupción. Se requiere discutir un nuevo proyecto nacional que gire en torno a la población.

Si bien se podría pensar que el Estado mexicano, que ha gobernado por tantas décadas el país, ha llegado a su total agotamiento, pues la corrupción, la impunidad, la delincuencia organizada, una justicia que no cumple con su misión, policía que es parte de la delincuencia, soldados que matan inocentes, etcétera, son problemas suficientes para articular un movimiento de alcance nacional. Sin embargo, no puede dejarse de lado que el factor crisis estructural que se inicia en Estados Unidos produjo un suceso bastante inesperado, la reversión del movimiento migratorio con las inhumanas deportaciones que en la administración de Barak Obama alcanzaron cerca de 2 millones de trabajadores indocumentados.

Se habló de migración cero a partir del año 2011, suponiendo que México iniciaba una nueva era en la que el fenómeno migratorio, debido a las magníficas condiciones económicas, políticas, sociales que el país vivía, era la causa por la cual los mexicanos ya no tendrían que irse a Estados Unidos. Pero la realidad fue otra muy distinta. Los altos niveles de desempleo en Estados Unidos afectaron sobre todo a los sectores que incorporaban a la mayoría de migrantes indocumentados, razón que generó la reversión del movimiento migratorio, pues si los trabajadores no encuentran trabajo en el destino, no se desplazan.

Como señalé en una colaboración anterior (9/10/12), fue fácil probar, retomando los mismos datos oficiales del gobierno, que las condiciones económicas no habían mejorado en absoluto. Por ejemplo, el sector educativo seguía sin satisfacer la demanda de los estudiantes para continuar sus estudios, y por ello se incrementaba año con año el número de desplazados, el trabajo informal incorporaba cada vez mayor cantidad de trabajadores y la pobreza de la población crecía. Y si bien la fertilidad había bajado a 2.6, ese indicador no era suficiente para ser parte de la reversión del fenómeno migratorio.

Por todo ello la válvula de escape que los gobiernos ineficientes han puesto en marcha para reducir la presión social se detuvo. Si no hay trabajo en el destino, los migrantes potenciales no se van. Y así se mantendrá hasta que Estados Unidos recupere su dinamismo económico y, por supuesto, en el caso de que México siga en su incapacidad de ofrecer trabajos dignos y decentes a su población.

La explosión social que vive México, y que ha traspasado fronteras, con toda razón se explica por los trágicos acontecimientos de Ayotzinapa y muestra el hartazgo de la población ante la enorme acumulación de fenómenos inaceptables. Sin embargo, no se puede hacer a un lado que al dejar de funcionar la válvula de escape, los trabajadores deportados, así como los potenciales trabajadores migrantes, han tenido que permanecer en el país, sin ninguna posibilidad de incorporación productiva en México. Todo ello incrementó la presión social pues el desempleo, la inseguridad, la corrupción, se mantuvieron sin cambios.

El problema es no haber considerado a los migrantes como una fuerza de trabajo desempleada que se veía obligada a migrar. Estrategia gubernamental muy tramposa.

Todo este conjunto de cosas ha generado una energía espiritual y creativa, una fortaleza social que se niega a aceptar las condiciones que el gobierno ofrece y la población se organiza, se moviliza, se unifica ante objetivos comunes, quiere, ahora más que nunca, crear un país del que la población se sienta orgullosa. Si los países escandinavos lo han logrado, México también puede.

¿Por qué ahora? Al Estado mexicano, que ha gobernado el país por tantas décadas, se le pasó la mano; la sociedad dice ¡ya basta!, y los migrantes están también participando.

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