Uno de los temas de mayor discusión y disenso en el diálogo entre los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y los representantes del gobierno federal es el de la investigación, sanción y erradicación de los grupos porriles de la casa de estudios.

Desde el inicio del conflicto y durante las mesas plenarias de negocación, las autoridades federales han evitado inclusive mencionar la palabra porros. En las dos respuestas que el gobierno entregó a las 10 demandas de los jóvenes de la Asamblea General Politécnica (AGP) –previas al diálogo– no se habla de estos grupos y se limitan a un compromiso para garantizar la seguridad de la comunidad politécnica.

En la sesión del lunes pasado –donde se abordó el tema–, los emisarios gubernamentales también evitaron hablar de porros y manifestaron su compromiso de investigar, denunciar públicamente y dar seguimiento a los autores intelectuales y materiales de grupos u organizaciones que violenten y atenten contra la integridad de la comunidad, así como la imagen e ifraestructura del IPN.

Los voceros de la AGP han señalado incluso los nombres de estas agrupaciones y sus posibles vínculos con funcionarios o directivos de la casa de estudios. Por ello, solicitaron la creación de un organismo interno no policiaco que pueda investigar, evidenciar y desmantelar las actividades porriles.

Demandaron que se instale una comisión encargada de esclarecer el actuar de estos grupos, su historia, articulación con el Estado, financiamiento y vínculos de sus dirigentes con políticos y funcionarios del IPN. Además, que se evite la cacería de brujas contra colectivos estudiantiles que sí realizan trabajo político y académico.

Dicha comisión deberá contar con el presupuesto necesario para realizar sus labores, y estará integrada por egresados distinguidos, estudiantes y profesores, quienes podrán incorporar a todo aquel que consideren necesario para realizar la tarea encomendada.

Demandaron que la Secretaría de Gobernación dé acceso irrestricto a los miembros de esta comisión para verificar todos los expendientes y archivos sobre estos grupos para conocer sus vínculos.

En la sesión del lunes pasado, los representantes del gobierno federal señalaron que se atenderán las denuncias y que los procesos deberán estar apegados a la legalidad, pues no se puede actuar por dichos. Que se hagan llegar a la brevedad las evidencias que vinculen a estos grupos con quien sea.

Al respecto, los comisionados de la AGP informaron que se cuenta con evidencias, las cuales serán presentadas. Pidieron que los testimonios de la comunidad sean considerados pruebas, pues en muchas ocasiones, previo a la violencia física, hay amenazas y hostigamientos, debido a que en los actuales procesos contra porros se exigen pruebas materiales.

Identificaron algunas agrupaciones, como el Frente de Organizaciones Politécnicas, la Confederación Nacional Política de Egresados del IPN, la Porra Oficial, El Grupo de Animación Politécnica, la Federación de Estudiantes Politécnicos, la Organización Democrática de Estudiantes Técnicos y Nueva Juventud Politécnica (NJP), entre otras.

Aseguraron que diversos organismos gubernamentales están vinculados con los porros y dieron a conocer una carta escrita por los dirigentes de NJP dirigida al entonces gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, a quien le manifiestan su apoyo a proyectos políticos futuros.