l Senado designó ayer a Luis Raúl González Pérez nuevo presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y puso fin de esta manera, con un periodo de varias semanas de incertidumbre, al proceso sucesorio en ese organismo público.

El funcionario, quien hasta ayer se desempeñaba como abogado general de la Universidad Nacional Autónoma de México, llega al cargo en sustitución de Raúl González Plascencia, con amplio respaldo legislativo –97 de los 107 votos de los legisladores presentes–, lo que hace suponer que, por lo menos en esta ocasión, el nombramiento del ombudsman nacional se superpuso al tradicional jaloneo partidista que suele acompañar los procesos de elección de este tipo de puestos.

Esa fortaleza política inicial constituye, sin duda, un activo importante para González Pérez, sobre todo de cara a la magnitud de la tarea y la responsabilidad que enfrenta, la cual consiste, nada menos, que en reconstruir la CNDH. Debe recordarse que la presidencia saliente de ese organismo ha sido impugnada en años y meses recientes por distintos actores políticos y sociales del país, como consecuencia de una conducción institucional deficiente y errática que ha llevado a ese organismo –originalmente concebido para salvaguardar las garantías individuales– a fungir como una dependencia supeditada a los poderes Ejecutivo federal y los estatales, mostrando una obsecuencia inadmisible ante abusos de las autoridades.

El saldo de ese desempeño es un deterioro institucional que resulta socialmente devastador, en la medida en que el organismo ha declinado sus funciones de actuar como contrapeso del poder público y con independencia y autonomía frente a éste. En los hechos, la CNDH ha terminado por plegarse a los designios de las autoridades y se ha convertido en distractor y encubridor de graves episodios de abuso y atropello, como ocurrió con los asesinatos de civiles en Tlatlaya por parte de militares, hecho frente al cual la comisión, a través de su titular, suscribió inicialmente la versión oficial de que las víctimas habían muerto en el contexto de un enfrentamiento con el Ejército, cuando ha quedado documentado que los decesos fueron resultado de ejecuciones extrajudiciales.

La complicidad con el poder ha abierto márgenes de impunidad que permiten la reproducción de escenarios de atropello y abuso, poniendo a los derechos humanos en el país en una de las circunstancias más críticas de la historia.

El arribo de González Pérez a la titularidad de la CNDH abre una ventana de oportunidad para dar a ese organismo el matiz de independencia, sensibilidad social y compromiso con las garantías que no ha tenido en los últimos años. Para ello es imprescindible que el nuevo ombudsman limpie a la institución de los vicios que la aquejan, elimine las inercias nefastas que se han acumulado en el último lustro y supere la supeditación y sumisión con que se desempeñó su antecesor.

Cabe esperar, por el bien de la ciudadanía en general, que Luis Raúl González Pérez tenga suerte en esas tareas.