l contexto y la trascendencia del encargo que ha recibido el abogado Luis Raúl González Pérez rebasan sus prendas personales. Llega a la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) como parte de una facción (la que encabeza el actual rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro Robles, abiertamente inserto en la maquinaria política del peñismo) y en los peores momentos que el país ha vivido, en lo nacional y en lo internacional, respecto al respeto a los derechos básicos de los mexicanos por parte de los poderes constituidos.

Pocas perspectivas de transformación profunda y auténtica puede ofrecer quien arriba a un cargo de tal magnitud merced a las negociaciones, repartos e intercambios de los grupos partidistas que en esa y otras designaciones actúan estrictamente en función de sus intereses de bando.

Hasta ahora, la CNDH ha sido una engañifa institucional de altísimo costo, generalmente dominada por miembros de las capillas jurídicas de la UNAM, específicamente del Instituto de Investigaciones Jurídicas (desde donde Jorge Carpizo extendía su mando hacia la CNDH que fundó). Es absolutamente desproporcionado el presupuesto anual que consume esa comisión frente a los resultados que ofrece, tanto en dictámenes o resoluciones formales como en el impacto que esas determinaciones tienen en la defensa real de los derechos humanos.

González Pérez fue fiscal del caso Colosio y conoce las entrañas de la CNDH, en donde se desempeñó como visitador general. Estuvo como abogado general en el equipo del rector Narro, quien lo impulsó fragorosamente contra la pretensión de un segundo periodo de Raúl Plascencia.

Es un político del sistema del que sólo se pueden esperar en principio mejoras cosméticas, discursos promisorios y escaramuzas simbólicas, justamente cuando la nación reclama un defensor firme, honesto y decidido a jugarse el puesto y algo más.

El 15 de agosto de 2012, Joaquín Vargas Guajardo, presidente del consejo de administración de MVS Comunicaciones, denunció en conferencia de prensa las presiones realizadas por el calderonismo (a través de su operadora de medios, Alejandra Sota) para que dejara de objetar la concentración Televisa-Iusacell (es decir, Azcárraga-Salinas Pliego) a cambio de no retirar las concesiones del espectro radioeléctrico para la prestación del servicio de banda ancha de alta velocidad (en el que la familia dueña de la empresa MVS había invertido mucho tiempo y dinero).

Ese día, Vargas Guajardo dijo que revelaba los entretelones de esas presiones desde Los Pinos ‘‘para que no vuelva a haber ningún medio de comunicación hincado y con la espada de Damocles en la cabeza’’ (nota de Miriam Posada en La Jornada, http://bit.ly/1v6CPXe ). En febrero de 2011, el mismo Vargas había tenido tan poderosa espada encima, cuando la administración de Felipe Calderón exigió a MVS una disculpa pública por la información y comentarios hechos por la periodista Carmen Aristegui respecto de las acusaciones hechas en la Cámara de Diputados sobre el presunto alcoholismo del panista michoacano.

La espada de Damocles-Los Pinos ha vuelto a brillar en lo alto, ahora a través de la mascota doméstica denominada Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), que ha negado a MVS la posibilidad de difundir sus contenidos a través de televisión digital abierta. Contrasta ese rigor legalista, aplicado a una empresa incómoda, con la manga ancha concedida a los favoritos de éste y otros sexenios (el binomio Azcárraga-Salinas Pliego, que en lo sustancial acaba siendo uno), y con la vía libre que se dará a nuevos partícipes muy cercanos a los intereses peñistas, entre ellos XH-Atlacomulco, triangulado por el prestasiglas mexiquense Roberto Alcántara.

Detrás de esa arma de tres colores está el enojo profundo del poder central afectado por los programas radiofónicos de Aristegui, uno de cuyos más recientes éxitos periodísticos ha sido la revelación de los puntos oscuros de la ‘‘licitación’’ del tren ligero a Querétaro y de la ‘‘compra’’ de la Casa Blanca de Las Lomas. Además, el telegobierno ‘‘perfecto’’ (Peña, Azcárraga y Salinas Pliego, más los convidados sexenales por venir) guerrea contra MVS por las alianzas explícitas e implícitas de esa firma con Carlos Slim, el beneficiario telefónico del salinismo, enriquecido obscenamente en un país donde decenas de millones viven en miseria extrema, al que ahora hace ajustes empresariales, jurídicos, técnicos y políticos un gobierno priísta como aquellos (también los panistas) que al midas de origen libanés tanto beneficiaron.

Una espada tecnológica de origen aún no identificado ha caído sobre el portal periodístico Sin Embargo, dificultando o impidiendo intencionalmente durante largas horas la lectura en Internet de sus contenidos, entre los que destacan artículos de opinión y reportajes críticos.

La utilización de cibernéticos ataques sistemáticos forma parte de un conjunto de amenazas y agresiones que ha sufrido ese medio dirigido por Jorge Zepeda Patterson, cuyos principales accionistas son los empresarios Pablo y Miguel Valladares García, quienes tienen en la capital potosina los diarios Pulso y San Luis Hoy (en SLP, con diferencias en cuanto a posturas, otro hermano, Juan Carlos, es mencionado en ámbitos priístas como eventual candidato ‘‘ciudadano’’ a la gubernatura del estado por su gran amistad con Enrique Peña Nieto y su esposa).

Los directivos de Sin Embargo señalaron que el ataque tecnológico en su contra (esta vez, ya superado) fue ‘‘inusual y sofisticado’’ y lo encuadraron como ‘‘parte del clima de impunidad y descomposición que vive México’’. También demandaron ‘‘garantías’’ a la administración federal para ejercer el periodismo.

Y, mientras el general Cienfuegos ha dicho a diputados federales (según Lilia Aguilar, del PT) que el Ejército en Iguala, ‘‘por protocolo’’ sólo podía haber actuado a instancias del presidente municipal, y que en la zona militar del lugar no supieron nada, no oyeron nada, ni vieron el presunto fuego crematorio que habría durado muchas horas, ¡hasta el próximo lunes!

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