Los padres de familia de los normalistas desaparecidos y asesinados en Iguala, Guerrero, arremetieron ayer contra el PRD, en particular contra la corriente Nueva Izquierda (NI), a cuya representación en el estado, encabezada por el diputado federal Sebastián de la Rosa, acusaron de ser “brazo político que justifica ejecuciones extrajudiciales” en la entidad.

Ante el tribunal popular que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) instaló ayer en el Hemiciclo a Juárez para realizar juicio político al presidente Enrique Peña Nieto, por iniciativas contrarias al interés nacional y crímenes cometidos en lo que va de su gestión, cuestionaron el perdón que pidió la dirigencia nacional de PRD, encabezada por Carlos Navarrete, por haber postulado a José Luis Abarca a la presidencia municipal de Iguala:

¿Cómo podemos perdonar a los cómplices que están ahogando a nuestros hijos en un río de sangre? ¿Será porque ya vienen las elecciones y necesitan votos?, apuntan en un documento leído por el estudiante Omar Pérez, de la normal rural de Ayotzinapa, como integrante de un comité cívico de ciudadanos decididos a enfrentar la situación real de Guerrero.

Al tomar la palabra ante los maestros de la CNTE, el joven –acompañado por Rafael López Catarino y Damián Arnulfo Marco, padres de los desaparecidos Julio César López Patolzin y Felipe Arnulfo Rosa, respectivamente– dio a conocer el texto donde se hace un recuento de diversos crímenes cometidos en Guerrero, entre los que incluyeron, además de ataques a los normalistas, las ejecuciones de Arturo Hernández Cardona, Rafael Banderas y Ángel Román Ramírez, integrantes de Unidad Popular, mismas que se le imputan a Abarca.

En el texto, afirman que “culpable es todo el PRD, porque sabían sobre lo que ocurría, pero se hacen de la vista gorda. En sus declaraciones sólo se deja ver su oportunismo político y únicamente están viendo por los intereses particulares de su partido. IDN –Izquierda Democrática Nacional– y NI negocian sus propios muertos con reparto de poder”.

El caso de Iguala fue el tema central de las acciones que unos 2 mil integrantes de la CNTE –de las secciones 9, del Distrito Federal; 22, de Oaxaca; 14, de Guerrero, y 18, de Michoacán, entre otras– realizaron ayer en la ciudad de México, las cuales empezaron con una marcha –para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos–, antes de las 10 de la mañana, del Monumento a la Revolución al Hemiciclo a Juárez.

Ahí instalaron el tribunal popular, donde fungieron como jueces Héctor de la Cueva, coordinador general del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical, y los académicos Tatiana Coll y César Navarro, de la Universidad Pedagógica Nacional.

El veredicto, tras casi tres horas de escuchar las denuncias que diversas voces hicieron por irregularidades y acciones contrarias a la nación en lo que va del actual sexenio, fue la exigencia de que Peña Nieto sea destituido inmediatamente de la Presidencia de la República y que sea sometido a la máxima pena que establezca el Código Penal, por alta traición a la patria.

Asimismo, exigen que se destituya y se someta a juicio penal al secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet; a la directiva del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que encabeza Juan Díaz de la Torre, y a los gobernadores de Puebla, Guerrero y estado de México.

Los primeros, por la reforma educativa, y los segundos por diversos crímenes ocurridos en sus entidades: la represión a pobladores de San Bernardino Chalchihuapan, en Puebla, el pasado 9 de julio, que ocasionó la muerte del menor José Luis Tehuatlie; los crímenes de lesa humanidad contra los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, en Guerrero, y las ejecuciones en Tlatlaya, estado de México, entre otros.