El Estado mexicano, junto con las empresas trasnacionales y las instituciones financieras mundiales, son responsables de la actual crisis que vive el país en diversos ámbitos, al haber promovido sin ningún tipo de restricción las medidas neoliberales que atentan contra los intereses de la mayoría de la población, a la que han sometido a una estrategia de terrorismo para acallar su inconformidad.

Así lo determinó el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), capítulo México, que este sábado dio a conocer su sentencia final, luego de tres años de trabajo de documentación y análisis de diversos puntos de la realidad nacional, divididos en 10 ejes temáticos, en una labor que empezó el 21 de octubre de 2011.

Tras analizar de forma pormenorizada el conjunto de testimonios personales y documentales presentados por víctimas, organizaciones sociales y expertos, el tribunal ha desgranado los derechos violados y ha concluido que existen responsabilidades de cuatro actores principales, que son los responsables de la crisis que vive la nación, subrayó el tribunal de conciencia.

El primero de ellos, de acuerdo con el equipo de jueces y dictaminadores del TPP, es el Estado mexicano en sus tres niveles, el cual tiene responsabilidad internacional objetiva por la violación de múltiples derechos, tanto civiles como políticos, sociales y culturales, así como un medio ambiente sano y al acceso a la justicia, lo cual supone la vulneración de numerosas leyes internacionales y de la Constitución mexicana.

Por otro lado, los especialistas participantes en el tribunal indicaron que los corresponsables del fenómeno de desvío de poder son también las empresas trasnacionales, países como Estados Unidos y Canadá, y las instituciones internacionales que determinan la aplicación de las políticas neoliberales, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

Todos ellos imponen un estado de cosas promovido por las doctrinas neoliberales e impuesto por los sucesivos gobiernos mexicanos desde 1982, al servicio de intereses minoritarios de las elites locales e internacionales, lo cual provoca el desmantelamiento del sistema industrial público, la agricultura comunal, así como la erosión del tejido social y la creación de un clima de violencia y represión contra la disidencia, lo cual a su vez genera la vulneración masiva de los derechos humanos de amplios sectores de la población.

La sentencia concluye con un conjunto de recomendaciones dirigidas a organismos internacionales, la sociedad civil y los medios de comunicación, así como un llamado a la refundación de México con un eje de 20 líneas de actuación concretas para revertir la situación de desvío de poder en interés de la gran mayoría.